Tres hondureños fueron incluidos en una nueva actualización de la Lista Engel, divulgada ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El listado lo encabeza el actual secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, “quien socavó los procesos o instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del Partido Libre a través de grupos leales al partido (colectivos) para reprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023”.
La convocatoria se hizo en el marco del nombramiento de los fiscales interinos Johel Zelaya y Mario Morazán, el que fue materializado por la comisión permanente del Congreso Nacional.
Salgado dijo estar orgulloso por aparecer en la lista porque considera que se emitió “por razones políticas”. “El Gobierno de Estados Unidos ha estado alineado siempre con la corrupción y la impunidad del Partido Nacional y el Partido Liberal en Honduras. Mi inclusión en la Lista Engel solo demuestra que la misma es hecha bajo criterios políticos y no defiende ni la democracia ni la honradez”, agregó.
Aparece en la lista el empresario de origen pakistaní Mohamed Yusuf Amdani Bai, quien, según el Departamento de Estado, “incurrió en una importante corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada”.
También fue incluido en el listado Cristian Adolfo Sánchez, un empresario que “incurrió en una corrupción significativa al participar en un plan que defraudó al Gobierno hondureño por más de 300,000 dólares y se confabuló con funcionarios del Ministerio de Salud para otorgar contratos gubernamentales indebidamente”.
El 24 de agosto de 2023, Sánchez fue condenado por un delito de fraude como cooperador necesario al aceptar su culpabilidad por haber sido parte de una red de corrupción en Salud que defraudó al Estado por siete millones de lempiras. Fue condenado a tres años y nueve meses de prisión más una multa de L712,000.
La Lista Engel, llamada así por el congresista demócrata Eliot Engel, que la promovió en 2019, es elaborada por el Departamento de Estado e implica la imposición de sanciones para las personas que son incluidas en ella. En la actualización fueron sancionados funcionarios de Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, advirtió que la corrupción y las prácticas antidemocráticas en Centroamérica “generan inestabilidad e impulsan la migración”.
Todos los señalados, según EUA, “participaron en actividades relevantes basándose en información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, provenientes de informes de los medios y otras fuentes”.
“El Departamento de Estado continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerando todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir actividades corruptas y antidemocráticas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
Entre las sanciones que implica la Lista Engel está el bloqueo para que las personas señaladas reciban visas o admisión a EUA. Además, puede conllevar a sanciones económicas y ayudar a los Gobiernos a investigar y enjuiciar a las personas involucradas en corrupción y otros delitos.
EUA mete en su lista de corruptos a fiscales guatemaltecos y funcionarios de Nicaragua
Washington (EFE). Estados Unidos incluyó este jueves en su lista de corruptos a tres fiscales guatemaltecos que han interferido en el proceso electoral.En la Lista de Actores Corruptos en Centroamérica, conocida como Lista Engel, también fueron incluidos los responsables del cierre de la Universidad Centroamericana de Nicaragua y tres miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, entre otros.
En concreto, la Administración de Joe Biden sancionó a los fiscales guatemaltecos Leonor Morales, Noé Rivera y Pedro Otto Hernández, así como a la expresidenta de la Corte Suprema Silvia Valdés Quezada, a quienes acusa de “socavar” la democracia.
Estados Unidos considera que estas personas han intentado revertir las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arévalo de León y han perseguido a funcionares judiciales que combatían la corrupción en Guatemala.
Morales, por ejemplo, dijo en una rueda de prensa que debían quedar anuladas las elecciones. Entraron en el listado la jueza nicaragüense Gloria Saavedra y las funcionarias Maribel Duriez y Ramona Rodríguez por su responsabilidad en el cierre por parte del Gobierno de la Universidad Centroamericana, uno de los centros educativos más prestigiosos de Nicaragua.
