El Estado de Honduras culminó su evaluación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en un proceso en el que presentó los avances alcanzados desde el último examen realizado en 2018 y reconoció los principales desafíos que aún persisten en materia de igualdad, no discriminación y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños.
La ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, destacó la participación de la delegación hondureña y la coordinación entre los tres poderes del Estado y distintas instituciones gubernamentales que aportaron información durante las jornadas de diálogo.
“Con mucha alegría informamos que el Estado de Honduras ha culminado con éxito esta evaluación”, expresó la funcionaria, quien agregó que la delegación tuvo “una participación de altura, con una adecuada coordinación de los temas y del tiempo”.
Durante el examen se analizaron asuntos como la participación política de los pueblos indígenas y afrohondureños, género, uso de la fuerza, protección de defensores de derechos humanos, titulación y saneamiento de tierras, proyectos extractivos y la relación entre empresas y derechos humanos. También se abordaron las condiciones de acceso a servicios básicos, educación, salud, alimentación, agua, saneamiento, empleo formal y educación intercultural bilingüe.
Winnie González, de la Dirección de Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, explicó que “Honduras expuso los avances registrados desde el examen anterior realizado en 2018, al tiempo que reconoció que existe buena voluntad del Estado para abordar las brechas y desafíos que todavía requieren atención sostenida”.
Como parte del proceso, Honduras asumió el compromiso de continuar implementando acciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrohondureñas, tomando en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales y las propuestas de organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los aspectos destacados por el Gobierno fue la coordinación institucional que permitió que buena parte de la delegación participara de manera virtual desde Honduras, mientras una comitiva reducida se trasladó a Ginebra, Suiza. Según las autoridades, esta modalidad permitió mantener la participación del país en el mecanismo internacional y reducir los gastos asociados al traslado de una delegación numerosa.
García Pagán señaló que la culminación de la evaluación representa una oportunidad para fortalecer el trabajo institucional y dar seguimiento a las recomendaciones que surjan del proceso. “La culminación del examen representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la coordinación institucional y convertir las recomendaciones recibidas en acciones concretas”, manifestó.
La funcionaria también informó que Honduras cuenta con un plazo de 48 horas para remitir las respuestas a las preguntas que no pudieron ser atendidas durante las sesiones debido a las limitaciones de tiempo. Con ello, el Gobierno reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la igualdad, los derechos humanos y la no discriminación, con especial atención a los pueblos indígenas y afrohondureños.
