Tegucigalpa, Honduras. El gobierno del presidente Nasry Asfura, a través del secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, anunció este martes que Honduras inicia la implementación de un paquete de reformas que calificó como un “hito histórico” en la política de persecución penal, orientado a combatir con mayor eficacia a las estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas.
Durante una comparecencia en Casa Presidencial encabezada por los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), Velásquez afirmó que las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal permitirán una respuesta más efectiva contra grupos que, según dijo, han afectado por años la seguridad ciudadana.
Compromiso operativo
El funcionario aseguró que la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional mantendrán una “campaña sin cuartel” para capturar a personas vinculadas con esas organizaciones que por años han aterrorizado al pueblo hondureño.
También reconoció que la tarea no será fácil, pero sostuvo que el Estado cuenta con apoyo político, operativo y social.
De su lado, el director general de la Policía Nacional, comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, ratificó el compromiso del nivel operativo y presentó a fuerzas especiales, investigadores y peritos como parte de la nueva estrategia.
Asimismo, llamó además a la población a construir una “cultura de seguridad” ya confiar en las instituciones.
Fuerzas Armadas se suman
Entretanto el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín, aseguró que las Fuerzas Armadas apoyarán a las instituciones del Estado, por instrucciones del presidente Asfura, en la persecución del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y de personas.
“Vamos a llegar hasta el último rincón de nuestro país”, afirmó el jerarca militar, quien subrayó que las nuevas herramientas legales permitirán ampliar las operaciones en todo el territorio nacional.
Reformas ya aprobadas
El paquete de reformas fue enviado por el Gobierno del presidente Asfura y fue aprobado por todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional. Modifica disposiciones del Código Penal, del Código Procesal Penal y de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional para soportar la persecución de maras, pandillas y otras estructuras catalogadas como asociaciones terroristas.
Entre los cambios figuran penas de 30 a 40 años para integrantes, prisión perpetua para cabecillas, directivos y financistas, prisión preventiva obligatoria, eliminación de beneficios penitenciarios y mayores facultades de investigación.
