San Pedro Sula, Cortés.
Con pancartas, banderas y consignas, pobladores de La Lima salieron este viernes a la calle para exigir la construcción de la represa El Tablón, obra que consideran vital para evitar inundaciones y desastres durante la temporada de lluvias.
La movilización se llevó a cabo sobre la carretera CA-13, desde el desvío de la entrada a La Lima, donde hombres y mujeres se sumaron a pie y en bicicleta, portando mensajes como: “Con El Tablón estamos, por eso nos movilizamos” y “Por La Lima y su protección, todos estamos con El Tablón”.
Los organizadores resaltaron que la protesta se desarrollaría de manera pacífica y en un ambiente de unidad. Este se convierte en el primer plantón ciudadano a favor de la represa, cuyo objetivo principal es proteger a las comunidades vulnerables de la zona.
“Queremos la represa, no inundaciones, en cada invierno nuestro municipio pierde sus bienes y después nos toca endeudarnos con los bancos, pedimos que se priorice El Tablón”, expresó un vecino durante la manifestación.
Las fuerzas vivas de La Lima recordaron que este municipio ha sido históricamente uno de los más afectados por las crecidas de ríos y fenómenos naturales. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para que den prioridad al proyecto, al que consideran urgente no solo por la seguridad de las familias limeñas, sino también por el impacto positivo que representaría para el desarrollo económico de la región.
La caminata culminó en el puente del sector La Planeta, siempre dentro del municipio de La Lima, punto simbólico donde los manifestantes subrayaron la necesidad de que se concrete la construcción de la represa.
Rechazo
La represa multipropósito El Tablón no es nueva, lleva más de cuatro décadas en discusión y pasó por múltiples estudios, consultorías y frustraciones administrativas desde los años 70. En 2007, el Congreso aprobó una consultoría a cargo de SNC-Lavalin, desde entonces, el proceso ha sido lento y burocrático.
El Tablón promete ser un mecanismo integral para mitigar inundaciones en el valle de Sula, generar hasta unos 13–17 MW de energía hidroeléctrica, asegurar agua potable y riego, y fomentar el desarrollo regional. Se estima que protegerá más de 600,000 viviendas y beneficiará a cerca de 658,700 hogares, además de crear miles de empleos.
Sin embargo, hay una oposición firme, ya que pobladores de Quimistán, Santa Bárbara, una de las zonas más directamente afectadas, se oponen a la obra. Argumentan que destruirá más de 3,500 manzanas de tierras agrícolas vitales para su sustento y que no hay consulta previa ni evaluaciones ambientales rigurosas.
Han organizado múltiples cabildos abiertos y presentado amparos judiciales ante la Corte Suprema, exigiendo ser escuchados antes de continuar con el proceso.
