El Congreso Nacional retomó este miércoles la discusión del dictamen de Ley Especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
El proyecto presentado por la diputada oficialista de Libertad y Refundación (Libre) Xiomara Hortencia Zelaya busca otorgar la facultad de querellante autónomo y acusador privado a la CICIH por un período de cinco años a partir de su instalación.
“Combate a redes de corrupción con personalidad jurídica como querellante autónomo con atribuciones y facultades de acusador privado por un período de cinco años”, cita parte del dictamen en su artículo 1.
Continúa: “El Fiscal General de la República será responsable de realizar las acreditaciones de la personalidad jurídica como querellante autónomo a cada miembro que integre y solicite la CICIH a través de su máxima autoridad”.
Posterior a la discusión, diputados opositores señalaron que el decreto no da autonomía a la Comisión Internacional, por lo que amarrar una CICIH antes que llegue sólo es politiquería del oficialismo.
“Lastimosamente no estamos discutiendo leyes que favorezcan al pueblo hondureño, ¿al pueblo le interesa la CICIH en este momento? Están haciendo una payasada. Se ve que ellos quieren implementar una paralela al Ministerio Público”, cuestionó la diputada nacionalista, Tania Pinto.
Agregó que “quieren que el gobierno financie la CICIH para manejarla, entonces sería una CICIH que el gobierno manejaría a su antojo y eso ya no sería objetivo como queremos todos”.
Por su parte la diputada liberal Iroshka Elvir señaló que “esto es caer en más de lo mismo es prácticamente lo que hemos tenido en el país”.
La congresista liberal apuntó que la ley buscar que el gobierno limite a la comisión en materia económica al igual que lo hizo con la Uferco, además que solamente acreditarán para ejercer la acción a personas que protejan los intereses de algunos.
