El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, presentó este martes un requerimiento fiscal contra Ebal Díaz Lupián, exministro de la Presidencia, y otros 14 exfuncionarios más por el presunto caso de corrupción Ciudad Morazán.
La acusación contra Ebal Díaz y exfuncionarios es por supuesto fraude al Estado, por más de 294 millones de lempiras.
Díaz Lupian es señalado como el cabecilla de una estructura criminal que orquestó un megafraude en el desarrollo del proyecto residencial Morazán, destinado a beneficiar a más de 10 mil familias hondureñas, causando un perjuicio al Estado por más de 294 millones de lempiras.
Además de Díaz Lupián, están implicados Zonia Margarita Morales, ex comisionada presidenta de Coalianza, Lizeth Guadalupe Villatoro y otros funcionarios de la secretaría de la presidencia, incluyendo a Mario León Gómez, Rolando Federico Poujol, Juan Ramon Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Calix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Oscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michele Montoya Zepeda.
Todos ellos están vinculados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos y son acusados de participar en esa supuesta trama delictiva.
Los delitos imputados a los acusados incluyen Asociación para Delinquir, Fraude, Violación a los Deberes de los Funcionarios y Administración Fraudulenta, entre otros. El Ministerio Público ha solicitado que se emitan las órdenes de captura correspondientes a nivel nacional e internacional y se decrete la alerta migratoria inmediata para evitar la fuga de los implicados.
Actualmente, Ebal Díaz, uno de los funcionarios más cercanos a Juan Orlando Hernández durante sus dos mandatos (2014-2018 y 2018-2022), reside en Nicaragua, tras exiliarse al culminar el último mandato del ahora encarcelado expresidente hondureño. Allá, el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad.
1,000
Casas contenedores se habían planificado por parte del Gobierno, pero al ver que no era del todo viable el proyecto, se redujo la cantidad.
El proyecto para los afectados por las tormentas Eta y Iota en 2020, adquirido por la Secretaría de la Presidencia por 1,200 millones de lempiras, tiene una línea de investigación para corroborar si los contenedores son nuevos o usados, el proceso administrativo debido, el costo y el motivo por el que no está funcionado.
La Secretaría de la Presidencia, por medio de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), adquirió en diciembre de 2020 mediante el PCM 142-2020 las 200 casas.
Y, a once meses que debió funcionar (febrero de 2021), el proyecto sigue estancado, por lo que el Ministerio Público comenzó con la investigación.
La intervención de ayer obedeció a denuncia interpuesta en contra de funcionarios de la Secretaría de la Presidencia, en la cual agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en contra de la Administración Pública y Patrimonial de la Atic iniciaron las diligencias.
