El estado de excepción impuesto en Honduras en diciembre para combatir la extorsión y el crimen organizado “no debe considerarse como una alternativa a una política civil, cabal y con espacio para los derechos humanos”, aseguró hoy el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk.
En una intervención ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para repasar la situación de Honduras el pasado año, el alto comisionado austríaco añadió que “el compromiso del Gobierno con la desmilitarización de las funciones públicas todavía tiene que llevarse a la práctica”.
También indicó que los niveles de violencia generalizada en el país centroamericano son preocupantes y afectan desproporcionadamente a colectivos como las mujeres (252 asesinadas el pasado año) y los miembros del colectivo LGBTI (43 muertes y dos desapariciones).
Türk lamentó por otra parte la falta de progresos en la investigación de violaciones de derechos humanos en casos que se remontan a la década de los 80, así como los vinculados al golpe de Estado de 2009 y la crisis de 2017.
Numerosos ataques a activistas y defensores de derechos humanos tampoco obtuvieron respuesta de la Justicia, añadió el jefe de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos, quien subrayó que esta institución documentó al menos 174 agresiones de este tipo en 2022 y 14 asesinatos.
Conflictos relacionados con la tierra y los recursos naturales siguen causando grave preocupación a la oficina, agregó Türk, quien instó en este sentido a las autoridades hondureñas a garantizar los derechos de indígenas, afrohondureños, campesinos “y otras comunidades excluidas”.
Türk reconoció no obstante progresos logrados por Honduras en algunas materias, como la reforma para lograr una selección más independiente y transparente de jueces, la legislación para responder a las causas del desplazamiento forzado y la derogación de leyes sobre clasificación de documentos de seguridad nacional.
