El sector empresarial considera que el subsidio a la energía eléctrica, finalizado durante el gobierno de Xiomara Castro, debe ser revisado y focalizado, de manera que se reduzca de 900,000 a 300,000 familias que realmente lo necesiten por su condición de pobreza, en caso de que el presidente Nasry Asfura decida continuar con el beneficio.
La empresa privada plantea que el subsidio debe ser debidamente supervisado para garantizar que cumpla su objetivo. Mientras tanto, entre la ciudadanía persiste la opinión de que el apoyo estatal debería eliminarse por completo, de modo que todos los usuarios paguen el costo real de la energía que consumen.
El subsidio de energía eléctrica para los hondureños que consumen hasta 150 kilovatios hora (kWh) al mes beneficiaba mensualmente entre 800,000 y 900,000 clientes en el país, lo que se traduce en un subsidio promedio de entre 295 y 312 millones de lempiras mensuales.
Una gran carga para el sector mipyme
Del total del subsidio, el 60% era cubierto por el Gobierno y el 40% por los clientes no residenciales, es decir, los sectores de comercio e industria considerados como altos consumidores, que de acuerdo con un informe de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) suman alrededor de 27,000 abonados, cuya facturación supera los 3,000 kWh.
Erick Tejada, exministro de Energía, informó a través de su cuenta en la red social X que el Estado de Honduras invirtió, durante los cuatro años de gobierno, 18,817 millones de lempiras en el subsidio de energía gratuita y la tarifa eléctrica.
Tejada agregó que la medida contribuyó a contener una inflación cercana al 4.5%, y que, en promedio, las 900 mil familias beneficiadas utilizaban el ahorro —estimado en 1,200 lempiras mensuales— para la compra de insumos básicos y para la educación de sus hijos.
Hasta oficinas del gobierno eran beneficiadas con el subsidio
No obstante, el más reciente informe de la Cree, correspondiente al tercer trimestre de 2025, refiere la existencia de inconsistencias en la aplicación del subsidio.
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Para la aplicación del subsidio de 150 kWh, se tomaron en cuenta criterios de focalización, como exceptuar a los usuarios que tuvieran más de un servicio de medición a su nombre o a quienes residieran en zonas de alta plusvalía, clasificadas como R1 y R2 en el casco urbano de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Sin embargo, durante el proceso de supervisión, la Cree no obtuvo por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) los datos necesarios para verificar la correcta aplicación de dichos criterios.
Por otro lado, con base en el análisis realizado por la Comisión, se identificaron discrepancias en los datos, entre ellas: usuarios residenciales con consumo mayor a 150 kWh que recibieron el subsidio; usuarios de los sectores industrial, municipal, gubernamental y comercial que también fueron beneficiados; así como claves duplicadas en los códigos de transacción, producto de refacturaciones y ajustes a los usuarios.
El subsidio debe ser focalizado
Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de la Enee, manifestó que el subsidio debió ser focalizado en los abonados que, por su extrema pobreza, mantienen consumos menores a los 150 kWh, y no aplicarse, como ocurrió durante cuatro años, a consumidores de alta plusvalía e incluso a instituciones del Estado.
Aunque en reuniones de trabajo conjuntas entre la Secretaría de Energía (SEN) y la Enee se buscó la colaboración del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para contratar una firma consultora con experiencia en procesos de focalización, y en enero de 2023 la SEN firmó un convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para apoyar la creación de bases de datos, no se implementó ninguna estrategia efectiva, según los informes revisados.
Los empresarios expresaron a LA PRENSA que, de continuar el subsidio, este debe reformarse y beneficiar directamente a unas 350 mil familias en condición de pobreza.
Empresarios señalan que el subsidio debe ser revisado y reducir a beneficiarios
Javier Pineda, presidente de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras (Anmpih), manifestó que el subsidio representó una carga para las mipymes, que debían asumir parte del costo, sumado al alto precio de la energía y a los constantes apagones, factores que reducen la competitividad de la pequeña industria.
Juan Carlos Sikaffy, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró que, de continuar el subsidio, este debe estar bien focalizado en quienes realmente lo necesitan, unas 350 mil familias, y no en 900 mil, como se venía aplicando.
“El gobierno anterior no hizo las cosas correctamente y benefició a casi un millón de hogares, muchos de los cuales no lo necesitaban, mientras que la mipyme tuvo que subsidiar esa carga, que fue mortal para muchas empresas”, aseveró Sikaffy.
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Raúl Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, indicó que los subsidios no son negativos y se aplican en diversos países, pero deben ser eficientes y supervisados, por ejemplo, en beneficio de personas de la tercera edad con consumos bajos.
“El problema surge cuando el subsidio se politiza y se beneficia a personas que no lo necesitan. Es una carga, porque pagamos por quienes no pagan”, apuntó Cárcamo.
Los 27,000 abonados de los sectores de comercio e industria aportaron alrededor de 128,128,839.77 lempiras mensuales al subsidio.
Alejandra Mejía, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, señaló que el Gobierno debe comenzar por revisar las finanzas del Estado, ya que, aunque el subsidio sea necesario para algunos hogares, quienes lo financian son el Estado y las empresas formales, que ya enfrentan una elevada carga tributaria. “Se debe hacer un análisis de ventajas y desventajas”, expresó.
Menotti Maradiaga, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), opinó que la mipyme tuvo un impacto considerable con el subsidio y señaló que muchas familias en extrema pobreza, como las que residen en los bordos, no cuentan con medidor y se conectan de manera ilegal al servicio, por lo que este beneficio no las abarca.
“Sabemos que vienen aumentos a la tarifa eléctrica y no creo que se logre subsidiar más, porque nunca se controlaron las pérdidas de la Enee. Las conexiones clandestinas siguen siendo su principal debilidad, por lo que veo poco probable que el subsidio se mantenga”, concluyó Maradiaga.
Cabe destacar que consultamos a la ciudadanía en redes sociales su opinión sobre el subsidio y aunque hay opiniones encontradas, la mayoría coincide en que “cada quien pague lo que consume”.
