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San Pedro Sula, Honduras
Unas 400 familias serían afectadas con la construcción de la represa multipropósito El Tablón sobre el río Chamelecón en Quimistán, Santa Bárbara, según autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Pese a la oposición de pobladores por el riesgo de inundaciones, Erick Tejada, ministro de Energía y gerente general de la Enee, aseguró que el proyecto continúa conforme al cronograma establecido y en la etapa de licitación, cuya convocatoria internacional finaliza el 26 de junio.
Este miércoles, Tejada encabezó una reunión en San Pedro Sula con representantes de cámaras de comercio de Santa Bárbara y Cortés, y pobladores de la zona, entre ellos Félix Madrid, propietario de tierras productivas ubicadas en Quimistán, donde se proyecta construir la obra. La reunión se desarrolló a puerta cerrada.
"Hay un componente de 100 millones de dólares dentro del contrato de crédito para hacer la compensación económica", dijo Tejada.
Afectación estimada
Según el diseño actual, los municipios que serán afectados son Quimistán, San Marcos y Petoa. Tejada dijo que en Quimistán, la afectación social estimada es de menos del 1% de la población; en San Marcos, del 8%; y en Petoa, tres viviendas. En total, asegura, serían unas 400 viviendas afectadas, cuyas familias recibirán indemnización.
"La afectación es mínima, de 2,300 hectáreas, que ahora, después del diseño que privilegió minimizar esa afectación, 2,241 hectáreas afectadas son productivas. La afectación mayor es productiva, no social", agregó.
Tejada explicó que el proyecto incluye un modelo de desarrollo para los tres municipios, con una incubadora de empresas enfocadas en turismo sostenible, acuicultura y otras iniciativas.
También se plantea incorporar un usufructo de energía para cooperativas energéticas locales, en coordinación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ante la pregunta de si la oposición podría frenar el proyecto, Tejada respondió: "Nosotros ya estamos en el proceso. Evidentemente, vivimos en un Estado de derecho y cada quien tiene, según lo establece la Constitución de la República, el derecho de interponer sus recursos".
"Nosotros seguimos con el cronograma mientras no haya una sentencia firme de un juzgado. La mesa va a continuar el proceso de socialización por etapas", añadió.
Fuerte oposición local
Más de 300 propietarios de tierras productivas han manifestado su rechazo a la construcción de la represa. Alegan que la obra provocará inundaciones, afectará más de 3,500 hectáreas de terreno productivo y reducirá los ingresos municipales, impactando negativamente en obras y servicios.
La represa se construiría en la zona conocida como La Vuelta Los Limones, con una cortina de aproximadamente 560 metros lineales. Se estima que las obras iniciarán en octubre y durarán unos cuatro años. El costo total es de más de 311 millones de dólares, financiados por el BCIE a una tasa de interés del 7.25 % anual, con un plazo de 20 años y cinco años de gracia.
Tejada afirmó que existe un grupo con motivaciones políticas que “se adjudica la representación de todo el municipio” y desinforma sobre el proyecto y su impacto.
El Tablón tendría cuatro componentes, el control de crecidas en los valles de Sula y Naco, agua para consumo humano, agua para riego y la generación de energía hidroeléctrica con potencia instalada estimada de 12 MW.
El estudio anterior estimaba que la generación de energía hidroeléctrica sería de entre 20 a 30 MW; sin embargo, con los embates del cambio climático, este estudio estima que la generación será de 12 MW.
Piden mayor socialización
Óscar Mejía, presidente del Patronato Regional de Occidente, participó en la reunión con la Enee y señaló: "Creo que hace falta que las comunidades tengan pleno conocimiento del proyecto. De esa manera se darán cuenta de los beneficios, el impacto positivo y negativo". Consideró que la socialización debe intensificarse por parte de la Enee.
Virgilio Reyes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Bárbara, reconoció que Quimistán y San Marcos serán los más afectados, pero instó a mantener el diálogo y revisar todos los componentes del proyecto, incluyendo la indemnización.
"Lo que más ha habido es desinformación. Hay que ver el impacto económico que nos va a dejar la afectación de las tierras. Cerca de 1,700 millones aportamos al Producto Interno Bruto y eso tenemos que verlo, junto con las oportunidades que podríamos generar", expresó.
Comité exige condiciones
El Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán no participó en la reunión, pese a estar invitado por la Enee. En un comunicado reafirmaron su disposición al diálogo, pero bajo los términos acordados en cabildo abierto el pasado 4 de mayo.
Solicitan una mesa de trabajo multisectorial convocada por la presidenta Xiomara Castro, con la participación plena y libre del Comité como representante de miles de personas afectadas.
"No participaremos en reuniones en las que solo convoquen a miembros individuales del Comité", aclararon.
Además, exigen al Estado la ejecución inmediata de las cinco medidas aprobadas por el Congreso Nacional para mitigar las inundaciones en el Valle de Sula.
"Medidas que no implican la destrucción del Valle de Quimistán. Dichas acciones deben ser ejecutadas de inmediato utilizando el presupuesto de 20 millones de dólares ya aprobado", indica el comunicado.
