En la sala I del Tribunal de Sentencia se desarrolló esta mañana la audiencia de proposición de medios de prueba contra el excapitán de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla.
La audiencia concluyó al mediodía y se informó que el tribunal que conoce la cuausa indicará hasta el 18 de mayo qué medios admitirá para llevar a cabo el juicio.
Los tres integrantes de familia están acusados por la Fiscalía por el delito de lavado de activos. A los tres encausados, que fueron capturados en noviembre de 2021, les aseguraron 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
Las investigaciones de la Fiscalía hondureña indican que un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado Zipe.
“Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos, también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA”, sostienen las indagaciones del MP.
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Además, detallan que en escuchas telefónicas, el excapitán Orellana negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. “Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra”, precisa la investigación.
El MP, por medio de análisis financieros, aseguró comprobar que durante el tiempo que Santos Orellana fungió como capitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de 2.5 millones lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras. Asimismo, argumenta que el núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron ingresos, entre 2010 a 2020, de más de 238 millones de lempiras no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
