Tegucigalpa. Diversos sectores de Honduras rechazan y cuestionan las reformas que aprobaron los diputados del Congreso Nacional durante la vigésima quinta sesión legislativa virtual.
Con un poco más de 70 diputados que ingresaron en la reunión virtual el pasado jueves se aprobó, entre otros, el proyecto de decreto orientado a exonerar de la aplicación de multas y sanciones legales a los candidatos, movimientos internos y partidos políticos que presenten sus informes financieros de liquidación de fondos en el término de un mes.
Los parlamentarios también aprobaron en un solo debate la ampliación por 15 años más de vigencia los beneficios e incentivos fiscales a las empresas que actualmente están adheridas y operan en Zona Libre Turística de Islas de la Bahía. Asimismo, se hicieron varias reformas al nuevo Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley Contra el Lavado de Activos.
Exoneración. Respecto a la aprobación de la exoneración de multas a los candidatos, el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto calificó la decisión como una “aberración jurídica”, e instó a los legisladores a la reflexión ante los cuestionamientos de los diferentes sectores de la sociedad.
Con la aprobación del proyecto, los políticos que no presentaron sus informes financieros durante el plazo correspondiente, ahora tienen 30 días adicionales para presentar sus declaraciones ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, una vez que el decreto de reforma sea publicado en el diario La Gaceta.
El titular de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, indicó que son cerca de 460 candidatos que aspiran a un cargo de elección popular los que todavía no rinden cuentas, de esos, unos 330 participaron en las elecciones primarias de marzo, indicó.
“La ley estipula que debemos sancionarlos, pero con la aprobación en el Congreso no queda más que esperar esos 30 días para que los candidatos presenten los informes, después de ese tiempo si no lo hacen se aplicará la ley”, expresó.
El secretario del Fondo Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Rivera, dijo que es inaceptable la decisión. “Es un mensaje que alienta al quebrantamiento de la normativa vigente que pretende instaurar en el país una política limpia”, señaló.
Reformas al Código Penal
En la sesión se reformaron 11 artículos del Código Penal, entre ellos destacan:
1_ Artículo 219 sobre trata de personas. Quien cometa el delito, la pena de prisión es de 5 a 8 años, con la reforma al artículo la pena aumenta y será de 10 a 15 años de prisión. Esa pena incrementa un tercio cuando se emplee violencia, intimidación, pagos o sea menor de 18 años, entre otros.
2_ Respecto al desplazamiento forzado (artículo 248) el Código vigente establece para quien cometa ese delito tendrá una pena de entre 6 a 8 años, con la reforme aumenta un tercio cuando hay una asociación para delinquir o para beneficio de esta.
3_ Para el delito de extorsión (artículo 373) se agregó que se incrementa un tercio de la pena, que es entre 10 y 15 años de prisión si a causa de este se produce el cierre de una empresa o negocio de cualquier naturaleza.
Beneficios fiscales. En cuanto a la ampliación de los beneficios fiscales a las empresas de la Zona Libre Turística, Nelson Márquez, jefe de la bancada nacionalista, explicó que la aprobación no tiene que ver con las zonas de empleo y desarrollo (zede).
“Es una extensión que se aplica a la Zona Libre Turística en Islas de la Bahía para que puedan seguir teniendo los mismos derechos y que fue aprobada en el año 2006, de ninguna manera representa algo que tenga que ver con las zede, ellos gozan de este beneficio desde el año 2006; ellos tienen un régimen especial de impuestos para poder impulsar el desarrollo de las Islas de la Bahía. Lo que se hizo no fue más que extender por 15 años más a la fecha que había sido establecido en que terminaría este régimen”, detalló.
Otras de las aprobaciones cuestionadas fueron las reformas al nuevo Código Penal y la Ley contra el Lavado de Activos. Entre los puntos reformados están la trata de personas, desplazamiento forzado, agravantes específicas del tráfico de drogas, explotación ilegal de recursos naturales, extorsión, usurpación, usura, y lavado de activos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) expresó su preocupación por las reformas aprobadas. A través de un comunicado señaló que esas reformas podrían agravar la situación de conflictividad agraria en el país, criminalizar la protesta social y debilitar la lucha contra la corrupción.
La Asociación para una Sociedad Más Justa indicó en un comunicado que al entrar en vigor las reformas a la Ley contra el Lavado de Activos procederán a interponer un recurso de inconstitucionalidad.
