El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, denunció que las reformas aprobadas el jueves por el Congreso Nacional al nuevo Código Penal, Código Procesal Penal y a la Ley contra el Lavado de Activos limitan la investigación del Ministerio Público contra delitos de corrupción.
“Cada día estoy convencido que en Honduras vivimos en un Estado de barbarie. Con la reformas aprobadas, se impone secreto bancario para investigar los delitos de corrupción, quieren que los fiscales nos limitemos a investigar abusos de autoridad”, cuestionó el reconocido fiscal.
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Añadió que los diputados del Congreso Nacional aprovecharon el Feriado Morazánico y el partido de la Selección de Honduras para aprobar las polémicas reformas, cuestionadas por diversos sectores de la sociedad.
“Lo que pasó, aprovechando el feriado y previo al partido de la Selección, no es el Congreso Nacional legislando a favor de las mayorías, son personas investigadas e involucradas en actos de corrupción buscando como auto protegerse y proteger sus allegados”, vaticinó Santos.
El Parlamento hondureño aprobó la reforma al artículo 47 que estipula que el secreto bancario debe ser suspendido solamente en las investigaciones por los delitos de tipificación en los títulos 25 y 32 del Código Penal y supuestos de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, mediante siempre orden emitida por el órganos jurisdiccional competente.
Además, se reformó de “manera opaca y en el sigilo” la Ley Especial Contra el Lavado de Activos para incluir a las organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción, como “Personas Expuestas Políticamente (PEP)”
HOSTIGAMIENTO A SOCIEDAD CIVIL
La ASJ destacó que al incluir “sin razonamiento legal o dictamen técnico” a organizaciones de sociedad civil como Personas Expuestas Políticamente, el Parlamento “claramente contraviene lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Además, demuestra “su intención de amenazar, perseguir y coaccionar a organizaciones que en los últimos años han demostrado ser el único bastión contra la corrupción”.
Alertó también a los medios de comunicación, empresarios, organizaciones religiosas, la academia y entidades de cooperación internacional que esto “solamente es el comienzo”.
“Si estas acciones logran materializarse sin ninguna reacción concertada, cada vez será más fácil callar y coartar las acciones ciudadanas contra la corrupción”, afirmó la ASJ.
Estos comportamientos “autoritarios” se conocen “muy bien” en América Latina y han generado “trágicas consecuencias, causando enorme dolor y luto en las familias y retrocesos en los países”, agregó la Asociación para una Sociedad más Justa.
El Congreso Nacional también aprobó reformas para aumentar la pena por usurpación de cuatro a seis años de prisión, y en el caso de trata de personas la sentencia será de entre 10 y 15 años.
