La destitución por juicio político de dos piezas clave del engranaje electoral del partido Libertad y Refundación (Libre) sacude el tablero y abre una nueva etapa de movimientos entre las principales fuerzas políticas del país.
Las plazas de Marlon Ochoa y Mario Morazán, destituidos el jueves 16 de abril como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), respectivamente, deberán ser ocupadas por otras personas durante el resto del mandato para el que fueron nombrados.
Este será el primer paso tras la remoción de Ochoa y Morazán. El Partido Nacional y el Partido Liberal quedan habilitados para proponer a quienes ocuparán esos cargos en el CNE y el TJE.
Además, el Congreso Nacional deberá elegir a quienes asumirán como magistrados suplentes del TJE, tras la salida de Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes se desempeñaban en esos puestos hasta ayer.
Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que “la Ley Electoral de Honduras y la Constitución de la República establecen que no deben ser de determinado partido político o del mismo partido al que pertenecían los anteriores”.
Agregó que “solamente está establecido en la Constitución de la República que pueden ser electos aquellos candidatos que reúnan los requisitos necesarios, que no tengan inhabilidades; no se define afiliación partidaria, pero sí que deben ser electos con el voto favorable de más de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional”.
Reacomodo de fuerzas políticas
Tras la destitución de Marlon Ochoa, Mario Morazán, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía, surge la interrogante de si el juicio político respondió a una búsqueda de justicia o a un reacomodo de fuerzas políticas.
La concentración de poder, criticada durante el período en que Libre y la familia Zelaya tuvieron influencia en el gobierno, podría convertirse nuevamente en un punto de debate si las nuevas designaciones responden a afinidades partidarias y no a criterios técnicos.
Desde el inicio del proceso de juicio político contra los cuatro exfuncionarios, en los pasillos del Poder Legislativo ya se mencionaban posibles sustitutos, presuntamente cercanos a los partidos mayoritarios y no a Libre.
En ese contexto, se evidenciaron tensiones políticas. El Partido Nacional impulsó confrontaciones entre el excandidato presidencial liberal Jorge Cálix y Mario Morazán, quienes intercambiaron señalamientos sobre presuntas irregularidades.
La inscripción in extremis de Jorge Cálix continúa siendo un tema de controversia y fue recurrente en las intervenciones de Morazán en el Congreso Nacional. Cálix cuestionó a Morazán por su cercanía con la familia Zelaya Castro y por supuestos incumplimientos en su gestión dentro de uno de los órganos electorales.
La salida de Ochoa y Morazán representa un revés para Libre, que pierde representación tanto en el CNE como en el TJE, en un contexto marcado por la desconfianza en los procesos electorales en Honduras.
La capacidad de negociación del expresidente Manuel Zelaya Rosales, principal referente de Libre, se ha visto reducida frente al peso político del Partido Nacional, lo que limita su incidencia en la designación de cargos clave.
A esto se suma que Libre no sería considerado para ocupar las plazas vacantes en el CNE y el TJE, según versiones que circulan en el ámbito político.
El proceso de juicio político, que inicialmente incluyó a seis funcionarios vinculados a Libre, cinco de ellos destituidos, podría derivar en otras acciones legales.
Posibles responsabilidades penales
Representantes de organizaciones no gubernamentales han solicitado que los expedientes sean remitidos al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales.
Kenneth Madrid, especialista en derecho, exhortó al Congreso Nacional a trasladar estos casos al ente acusador del Estado. “El artículo seis, párrafo segundo de la Ley de Juicio Político le indica al Congreso Nacional que debe testimoniar las diligencias recabadas y enviarlas al Ministerio Público”, explicó Madrid.
Asimismo, señaló que el juicio político constituye una acción administrativa, mientras que corresponde al Ministerio Público investigar posibles delitos, y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) determinar responsabilidades civiles.
El exconsejero del CNE, Marlon Ochoa, abandonó el país el pasado 26 de marzo, según allegados, por temor a represalias contra él y su familia.
