El Congreso Nacional destituyó, mediante juicio político, el jueves a cuatro funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) tras una maratónica sesión que se extendió por nueve horas.
Los destituidos son el consejero CNE, Marlon Ochoa; Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, todos afines al partido Libertad y Refundación (Libre).
Los funcionarios electorales fueron acusados por actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio del cargo, durante los procesos electorales de 2025, los comicios primarios e internos del 9 de marzo, y los generales del 30 de noviembre.
Su destitución fue aprobada con 88 votos de los 128 diputados que integran el Parlamento, según informó el mismo organismo. Para aprobar la destitución de los funcionarios electorales se necesitaba una mayoría calificada de al menos 86 votos.
Los 35 diputados de Libre no votaron y expresaron su apoyo a Morazán, quien además de múltiples señalamientos que le hizo la comisión especial, en un informe que fue presentado al pleno del Parlamento, respondió varias preguntas de los diputados, algunas veces con polémica.
Juicio político "cumplió requisitos legales"
El diputado del Partido Nacional, César Antonio Rivera Callejas, aseguró que el proceso de destitución de los funcionarios electorales cumplió con los requisitos legales y adelantó que el siguiente paso será la conformación de una comisión especial para nombrar a sus reemplazos.
Rivera Callejas explicó que, aunque al inicio de la denuncia se contaba con 91 votos, en la aprobación del informe se alcanzaron 88, debido a la ausencia de tres diputados del Partido Liberal. No obstante, subrayó que se superó la mayoría calificada requerida.
“Había 91 votos y en la votación del informe hay 88, lo que pasó es que tres miembros del Partido Liberal no participaron en la sesión, no estaban presentes, después ya que la mayoría calificaba 86, o sea que se cumplió con eso y con más”, detalló.
El congresista también defendió que durante el juicio político se respetó el debido proceso, destacando que se extendió por varias horas y que uno de los señalados compareció ante el pleno.
“Se dio el debido proceso, fueron más de cinco o seis horas, la única persona que admitió, que aceptó ir al pleno del Congreso Nacional”, expresó.
Comisión multipartidaria y convocatoria abierta
Sobre los pasos a seguir, el parlamentario indicó que corresponde al presidente del Congreso Nacional nombrar una comisión especial, la cual deberá ser multipartidaria y representar a todas las bancadas.
“Ahora viene el nombramiento de una comisión especial, tiene que ser una comisión multipartidaria; esta comisión hace una convocatoria abierta a todos los postulantes”, explicó.
Añadió que la comisión evaluará las hojas de vida de los aspirantes y posteriormente elevará una propuesta al pleno legislativo, que será el encargado de tomar la decisión final sobre quiénes ocuparán los cargos vacantes.
Rivera Callejas señaló que la convocatoria deberá publicarse al día siguiente de conformada la comisión y podría mantenerse abierta entre 10 y 15 días.
¿El sustituto será de Libre?
El diputado también aclaró que la ley electoral no obliga a que los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) pertenezcan a los partidos más votados en las últimas elecciones.
“No hay ningún artículo que diga que los miembros del CNE tienen que ser de los tres partidos políticos más votados, no quisiera adelantar criterios si va a ser de Libre, de otro partido o de la sociedad civil”, afirmó.
Rivera Callejas rechazó que el juicio político haya sido motivado por intereses partidatorios y aseguró que su propósito fue sentar un precedente en el país.
“Esto no fue persecución política, no fue un show; fue para crear precedencia, que no vuelva a suceder en Honduras que miembros del CNE hayan querido boicotear el proceso electoral”, sostuvo. El legislador concluyó que este proceso deja lecciones importantes, entre ellas que ningún funcionario está por encima de la ley.
