En una jornada que se extendió por más de 10 horas, marcada por la insurrección legislativa, debates encendidos y una defensa técnica que no logró frenar la voluntad de la mayoría, el Congreso Nacional culminó el proceso de juicio político con la destitución de los funcionarios electorales Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
De esta forma, Ochoa fue separado de su cargo como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Morazán como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y Mejía y Gutiérrez como suplentes de este mismo órgano.
La sesión, que comenzó entre gritos y terminó con el nombramiento de nuevas autoridades, dejó claro que el Legislativo ha decidido retomar el control constitucional sobre los entes encargados de velar por el voto ciudadano.
Eran las 2:00 pm cuando el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, golpeó la campana para iniciar la sesión. El primer acto fue protocolario pero simbólico: verificar la asistencia de los cuatro denunciados.
El silencio en los curules destinados a la defensa fue casi total; solo el abogado Morazán, vía telefónica con el secretario Carlos Ledezma, notificó que se presentaría al pleno una vez que concluyera la lectura del extenso informe de 184 páginas elaborado por la Comisión Especial conformada para el proceso.
Ante las ausencias, Zambrano tomó la palabra para blindar la legalidad de lo que estaba por ocurrir, recordando que el proceso nació con el respaldo de 91 votos y se ha apegado estrictamente al artículo 234 de la Constitución y a la Ley Especial de Juicio Político.
“Este juicio político está pegado a la Constitución y a la ley especial. No es persecución política, es rendición de cuentas. Deja claro que nadie está por encima de la ley y que este Congreso tiene el control sobre los altos funcionarios que elegimos”, sentenció Zambrano, en un discurso que buscaba calmar los ánimos de una bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) que ya preparaba su artillería de protesta.
Acusaciones
El presidente recordó que quienes hoy se oponen a la figura del juicio político intentaron activarla en doce ocasiones en el pasado, validando así la herramienta legal que hoy se utilizaba en su contra.
Apenas comenzó la lectura del dictamen, el hemiciclo se transformó en un campo de batalla visual y sonoro. Los diputados de Libertad y Refundación se levantaron de sus asientos con carpetas amarillas convertidas en pancartas y pitos que dificultaban la audición del secretario.
Para agilizar el proceso ante el caos, el pleno aprobó no proceder la lectura de las declaraciones de los testigos (de la página 47 a la 159), argumentando que dichas audiencias habían sido públicas y que el análisis probatorio contenido en el informe era lo sustancial para la deliberación.
A las 5:00 pm, la figura de Morazán apareció en el recinto. El magistrado del TJE inició una exposición de una hora y veinte minutos como un “esfuerzo técnico por desestimar una decisión eminentemente política”.
Morazán argumentó que las acusaciones de boicot eran “interpretaciones subjetivas” de actos administrativos necesarios y que su destitución sentaría un precedente nefasto para la independencia judicial en materia electoral. Su discurso, aunque articulado, se enfrentó a un bloque opositor que ya tenía clara su posición.
Lo que siguió fue una maratónica ronda de preguntas y respuestas que se extendió por más de seis horas. El debate, por momentos, abandonó el rigor jurídico para caer en ataques personales y dardos partidarios entre los jefes de bancada.
La tensión se elevó por el cruce de acusaciones entre Morazán y el diputado liberal Jorge Cálix. Sin embargo, el presidente Zambrano logró mantener la conducción de la sesión, frenando los intentos de “relajo” y permitiendo que Morazán respondiera a cada una de las interrogantes, muchas de las cuales giraron en torno a la paralización y la supuesta conspiración para alterar el cronograma de las elecciones de 2025.
Durante la ronda, las intervenciones de los jefes de bancada fueron incisivas. Mientras Libre defendía la gestión de sus funcionarios como una barrera contra supuestos fraudes del pasado, los nacionalistas y liberales cuestionaban la “intimidación” a la que fueron sometidos técnicos del CNE y el TJE.
Morazán, bajo el fuego cruzado, insistió en que su actuar siempre fue en defensa de la transparencia, pero las pruebas documentales y los audios presentados en el informe pesaron más en el ánimo del pleno que su retórica defensiva.
“No podemos cerrar los ojos ante los abusos. El año pasado, la democracia estuvo amenazada y el proceso electoral fue boicoteado por quienes querían quedarse a la fuerza en el poder”, reiteró Zambrano.
La etapa de discusión concluyó con la interlocución de un parlamentario de cada una de las tres principales fuerzas políticas -Partido Nacional, Partido Liberal y Libre-, y la participación del diputado Alberto Cruz como secretario de la Comisión Especial para ilustrar a la cámara legislativa sobre los hechos y dar las conclusiones finales.
Cerca de la medianoche, tras agotar la discusión, el hemiciclo avanzó hacia la votación final. El Congreso Nacional, con 88 votos, superó la mayoría calificada necesaria para proceder con la destitución inmediata de Marlon David Ochoa Martínez, Mario Alexis Morazán, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez.
Para la mayoría parlamentaria, y según lo expresado en el informe final, la salida de estos funcionarios era la única vía para garantizar que los próximos comicios electorales se lleven a cabo en un clima de paz, transparencia y respeto a la ley.
Aunque la Comisión Especial recomendó nombrar a la brevedad posible a los relevos de los funcionarios electorales para evitar que las instituciones quedaran acéfalas, Zambrano cerró sesión y convocó a los legisladores para el lunes próximo.
El Congreso debe elegir a los sustitutos que terminarán el periodo constitucional, buscando restablecer el quórum y la operatividad en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral de cara a las próximas elecciones.
Honduras cerró así un día de alta tensión, donde el juicio político pasó de ser una amenaza teórica a una realidad práctica que reconfigura el mapa del poder electoral en el país.
