En los últimos dos años, la Presidencia del Poder Judicial ordenó el traslado de 30 jueces y magistrados en distintas judicaturas del país. Sin embargo, varios de los afectados denuncian que estas decisiones estuvieron marcadas por irregularidades y falta de transparencia.
Entre el 20 de enero de 2023 y el 24 de enero de 2025, la titular del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, aprobó el cambio de funciones —y en algunos casos la destitución— de 18 magistrados y 13 jueces en tribunales de diez departamentos. Algunos fueron reubicados en más de una ocasión durante este periodo.
Francisco Morazán ha sido el departamento con más movimientos, registrando 17 cambios de jueces y magistrados. En Cortés hubo cinco, mientras que Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Choluteca, El Paraíso, Olancho y Santa Bárbara reportaron al menos un traslado cada uno.
El año con más reubicaciones fue 2023, cuando se realizaron 23 cambios de jueces y magistrados. En 2024 se registraron nueve y en 2025 ya se efectuó el primero.
El caso que marcó el inicio de esta serie de remociones fue el del magistrado Yimy Daniel Chirinos Orellana, quien el 20 de enero de 2023 fue trasladado a la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán. Su nombramiento coincidió con la cancelación del acuerdo de otro magistrado en esa misma judicatura.
Entre los magistrados que han sido reubicados figuran Gustavo Adolfo Villela León, Edin Yobany De la O Ramos, Garin Enóc Urquía Castro, Iveth Albertina Benítez Erazo, Brenda Celina Hernández Ferrufino, Conan Rafael Argueta Bourdeth, Ingrid Belinda Monzón López y Rubén Rivera Flores, entre otros. Algunos, como Chirinos Orellana y Hernández Ferrufino, han sido trasladados más de una vez.
Afectados por las reubicaciones
A nivel de jueces, se han realizado 13 cambios en cinco departamentos. Uno de los casos más sonados fue el de Claudio Daniel Aguilar Elvir, cuestionado por haber desempeñado su cargo en una unidad militar en la capital antes de ser removido.
Otros jueces afectados por las reubicaciones incluyen a Elissa Raquel Lozano Domínguez, Víctor Manuel Meléndez Castro, Jorge Alberto Mejía Figueroa, Andrés Fernando Martínez Hernández, Jorge Octavio Núñez Solórzano y Jorge Luis Quesada Barrientos.
El traslado más reciente fue el de la jueza Ana Consuelo Cardona Herrera, quien durante años coordinó el Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán. En noviembre de 2024, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, EE. UU., la remoción irregular de jueces y magistrados, señalando directamente a Rebeca Ráquel. Dos meses después, el 24 de enero de 2025, recibió un oficio notificándole la cancelación de su acuerdo y su reubicación en el Juzgado de lo Civil de Francisco Morazán.
“Yo no tenía ninguna denuncia ni proceso pendiente, y aun así fui degradada de cargo. Pasé de coordinar un juzgado a ser una jueza más en otra judicatura, sin ninguna justificación clara”, denunció Cardona.
Cardona también reveló que las remociones suelen ser sorpresivas. En su caso, recibió la notificación un viernes a las 3:40 de la tarde, sin previo aviso. “El acuerdo solo dice ‘comuníquese’, sin mencionar detalles sobre mi salario, lo que podría constituir un despido indirecto”, agregó.
Diversos sectores han criticado estas decisiones dentro del Poder Judicial, advirtiendo que se han violado principios fundamentales como la independencia judicial y la inamovilidad de jueces y magistrados.
Nelson Castañeda, director de la Unidad de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó su preocupación por la crisis que enfrenta el sistema judicial. “Es fundamental garantizar el debido proceso en cualquier acción contra jueces y magistrados. Hasta ahora, los traslados recientes no han respondido a investigaciones formales ni han demostrado colusión con casos irregulares”, advirtió.
La situación sigue generando controversia, mientras jueces y magistrados afectados cuestionan la legalidad de estos movimientos y su impacto en la independencia del Poder Judicial.
