Tegucigalpa
Al menos 24 jueces y magistrados fueron removidos y trasladados a otros cargos por las autoridades del Poder Judicial, ignorando los principios de independencia e inamovilidad.
Los traslados no solo violan la Constitución de la República, sino que atentan contra las familias de los funcionarios judiciales al ser enviados a otras ciudades.
“En los últimos meses, los traslados de personas juzgadoras a diferentes lugares han continuado sin justificación alguna”, dijo la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Consuelo Cardona.
Federación
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) exhortó a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, a “respetar la carrera judicial y la inamovilidad de los jueces en pro de la independencia judicial de cada miembro de la judicatura, con el fin de que no se traslade a jueces y magistrados sin justificación alguna”. Además, se convocó a concursos transparentes y con veedurías de todas las asociaciones para ocupar las plazas vacantes y, sobre todo, se reactivaron las comisiones para redactar la nueva Ley de la Carrera Judicial.
Entre los casos más sonados figura el de la funcionaria judicial Ligia Matamoros, que ocupaba el cargo de jueza de Letras de Trabajo de Choluteca e intempestivamente fue trasladada al juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, dejando en el sur a su hija de siete meses de edad.
En su lugar fue nombrada una sobrina de Walter Raúl Miranda Sabio, magistrado de la Sala Penal.
También figura el caso de la magistrada de carrera Julissa Aguilar, que fue nombrada por las actuales autoridades del Poder Judicial como magistrada de la Corte de Apelaciones del Circuito Especializado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, y que sorpresivamente fue degradada y nombrada en un cargo administrativo en la Escuela Judicial.
Aguilar impugnó su designación al nuevo cargo.
A la lista se suma el traslado de la jueza Ibeth Benítez, magistrada de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, quien fue enviada a La Ceiba como magistrada.
Medalla Danery Medal, magistrado del Juzgado Civil de Tegucigalpa, fue enviado a La Ceiba; sin embargo, impugnó el nombramiento y fue designado como director del Archivo del Poder Judicial en la capital.
Medal no acepta la designación en el puesto y volvió a impugnar la determinación de las autoridades.
A la judicatura de Choluteca fue trasladado el abogado Conan Rafael Argueta, quien se desempeñaba como magistrado de la Corte Segunda de Apelaciones Civil en Tegucigalpa.
Ana Cardona aseguró que “a algunos jueces se les ha degradado a un cargo inferior al que ostentaban”.
" Aquí no estamos hablando de politización ni de persecución en lo absoluto. "
Aseguró que desde la Presidencia del Poder Judicial se montó una especie de cacería en su contra por denunciar los traslados ilegales de jueces y magistrados.
“Han iniciado represalias en mi contra como presidenta de la Asociación debido a los comunicados y denuncias que realizo en defensa de la independencia judicial y la inamovilidad de jueces y magistrados”, señaló.
Aseguró que “la actual Supervisión de Tribunales inició denuncias de oficio en mi contra, y se ha registrado acoso laboral contra jueces y magistrados por las resoluciones que han emitido”.
