15/02/2025
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Nuevo escándalo sacude al Poder Judicial en Honduras

  • 15 enero 2025 /

José Ramón Bertetty habría enviado una carta al fiscal general Johel Zelaya para denunciar delitos de cohecho, prevaricato judicial y lavado de activos.

Tegucigalpa, Honduras

El Poder Judicial de Honduras se ve envuelto en otra denuncia. Esta vez por José Ramón Bertetty, una de las más de diez personas acusadas por el desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Bertetty habría enviado una carta escrita por él al fiscal general Johel Zelaya para denunciar delitos de cohecho, prevaricato judicial y lavado de activos. La carta circula en redes sociales y tiene sello de recibido del Ministerio Público.

Condenan a 19 años de cárcel a José Bertetty por corrupción

Bertety manifiesta en la carta escrita en la cárcel de Támara que John Charles Bográn Velásquez, otro de los acusados en el caso de corrupción del IHSS, le confesó que había pagado más de tres millones de lempiras a magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El exgerente administrativo del IHSS denuncia a Nelson Mairena y Mario Díaz, magistrados de la Sala de lo Penal, de recibir unos 3.5 millones de lempiras por casos que se ventilan en la Corte.

Se hace referencia a la abogada Raquel Núñez como la intermediaria con el abogado Juan Ramón Cruz, quien es el secretario de la Sala de lo Penal.

“Sería funesto para el sistema judicial que existe evidencia documental, en audio y también en video, en la que demuestran la entrega del monto de dinero a los dos altos jueces de la Suprema Corte”, dice parte de la carta.

El magistrado Mario Díaz dijo en medios de comunicación que ante una comunicación formal del Ministerio Público prefiere llamarse el silencio, pero está en la disposición de someterse a cualquier proceso como funcionario de este nivel.

“No he sido informado oficialmente, pero estoy en la disposición para una investigación al respecto. Todo lo actuado es con base en ley. No tengo ningún temor al respecto”, agregó.

Los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena.

El señalado dijo estar acostumbrado a ese tipo de cosas, ya que es un juez de carrera y que en muchas ocasiones los litigantes acuden a ese tipo de artimañas cuando no logran liberar de culpas a sus defendidos.

A continuación la carta enviada:

Abogado Joel Zelaya, Fiscal General de la República

Su oficina

Estimado abogado Zelaya

Por medio de la presente, interpongo denuncia por delitos de Cohecho, Prevaricato Judicial, Lavado de Activos, entre otros.

Yo, José Ramón Bertetty Osorio, mayor de edad, hondureño, casado, con identidad 1503-1967-00465, fecha de nacimiento 26 de mayo de 1967, lugar de nacimiento Catacamas, Olancho, actualmente privado de libertad en el centro Nacional Penitenciario Támara, Marco Aurelio Soto, comparezco ante el Ministerio Público, órgano constitucional facultado para ejercer la acción penal pública, con el propósito de denunciar e instar la investigación de los delitos siguientes: cohecho, prevaricato judicial, lavado de activos y extorsión, entre otros contra dos magistrados de la sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios de esa sala, así como al menos un recurrente particular y sus familiares y empleado. Presento esta denuncia con base en los hechos siguientes:

Primero: En fecha 29 de marzo de año 2019 fui condenado por el Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional por los delitos de lavado de activos, fraude, abuso de autoridad.

En fecha_____ se presentó recurso de casación contra la sentencia condenatoria referida, sustentando el recurso en quebrantamiento de forma y de fondo.

Segundo: En fecha martes 29 de octubre, mi apoderada en condición de representante de este recurrente se presentó a la sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para indagar sobre el estado del recurso presentado, en esa comparecencia informó al magistrado presidente, abogado Mairena, y al secretario, abogado Juan Ramón Cruz, del riesgo de incurrir ellos, tanto los magistrados como otros funcionarios judiciales de esa sala, en los delitos de cohecho, prevaricato judicial, lavado de activos y extorsión, entre otros.

Tercero: En Fecha 31 de octubre de 2024, fui informado que una sentencia injusta y contraria a ley fue notificada a uno de los recurrentes, responsable de haber entregado la cantidad de tres millones quinientos mil lempiras a ciertos magistrados de la Sala de lo Penal por medio del abogado Juan Ramón Cruz en condición de secretario de la sala, los magistrados beneficiados con la cantidad referida son los abogados Mario Díaz y el abogado presidente de la sala, Mairena.

Cuarto: Habiendo hecho, mis propias indagaciones, me enteré de que existe evidencia documental, de audio y de video, que demuestran la entrega de los recursos financieros a cambio de la sentencia contraria a Ley que favorece únicamente al recurrente responsable de trasladar los recursos financieros a los funcionarios judiciales encargados de redactar y emitir la sentencia.

Quinto: la evidencia consiste en lo siguiente:1) El Sr. John Charles Bográn Velásquez nos manifestó que él estaba pagando a los magistrados Mario Díaz y Mairena y a otros empleados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dicho pago lo realizó por medio del secretario de la Sala, la cantidad de tres millones quinientos mil lempiras.

2) El Sr John Charles Bográn Velásquez expreso que la esposa, la señora Marcela de Bográn, tramitó un préstamo hipotecario con BAC para cubrir el pago a los magistrados y al cecretario de la Sala de lo Penal; al recibir los fondos del préstamo, solicitaron la emisión de un cheque de caja a nombre de un empleado del sr John Charles Bográn V.

3) Expresó el señor John Charles Bográn Velásquez que la abogada Raquel Núñez era la intermediaria con el abogado Juan Ramón Cruz, secretario de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestando nuevamente que el costo o cantidad a pagar eran tres millones quinientos mil lempiras.

4) También el sr John Charles Bográn Velásquez manifestó en público en este módulo de mínima seguridad que él ordenó a su esposa, Marcela de Bográn Velásquez, y a un empleado de él que grabaran la reunión que tuvieron con el abogado Juan Ramón Cruz donde firmaron el acuerdo.

5) Antes que la Sala de lo Penal notificara la resolución, el sr John Charles Bográn Velásquez ya tenía en su poder una copia de la parte resolutiva del fallo firmada y sellada por los tres magistrados y secretario de la sala. Tres días antes de la notificación al abogado del señor John Charles Bográn Velásquez.

6) Expreso que estoy en disposición plena de declarar, en sede fiscal y en la eventual causa judicial, para hacer constar los delitos señalados. Solicito secretividad en las diligencias prejudiciales de investigación y medidas de seguridad para mi persona, mis seres queridos, mi apoderada legal y testigos durante la etapa investigativa y las potenciales etapas del proceso de imputación de la acción penal pública, por posibles represalias contra denunciante y testigos.

Considerando que el señor Bográn Velásquez ha emitido en estas últimas semanas expresiones de amenaza e intimidación hacia mi persona y mi apoderada legal como parte de las urgentes medidas de seguridad para mi persona, mis seres queridos, mis apoderados y posibles testigos, deseo expresar que es notorio conocimiento en este módulo, para las autoridades del Centro penal, y para la apoderada del recurrente favorecido con la sentencia, abogada Raquel Núñez, que él tiene una relación de íntima amistad y de negocios con dos privados de libertad en condición de extraditables, recluidos en el módulo de Segregación y sospechosos de acciones en Las Marías, Baracoa, Cortés, quienes fácilmente podrían efectuar atentados a mi integridad física, mis familiares, apoderados legales y testigos, aun dentro de este centro penal, con mucha más facilidad, que afuera del mismo, por tanto, pido medidas extremas para garantizar la vida y seguridad de las personas que puedan exponerse de convertirse esta denuncia a una línea de investigación en asunto de conocimiento público ventilado en medios de comunicación.

Petición:

Al Ministerio Público pido: admita y dé trámite a la presente denuncia, se abra línea de investigación contra los funcionarios judiciales, y particulares denunciados y se materialicen las medidas de seguridad urgentes para proteger mi vida y de las demás personas, y se mantenga en secretividad absoluta.

A los 5 días del mes de noviembre de 2024

Centro Penal de Tamara, Tegucigalpa, MD.C

Dos páginas de la carta enviada al fiscal general Johel Zelaya.