Honduras
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Ante la crisis habitacional que enfrenta el valle de Sula, fue presentado un anteproyecto de la “Ley de Emergencia Habitacional y Regularización Predial para el departamento de Cortés”, iniciativa que busca asegurar una inversión anual de 5,000 millones de lempiras para dotar de viviendas dignas a personas que residen en bordos y a la vez, suplir, el déficit de vivienda de la clase trabajadora.
El proyecto, impulsado por la diputada liberal Yasmin Meza, plantea que el 33% de los recursos anunciados por el Poder Ejecutivo para vivienda, a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), se ejecuten obligatoriamente en Cortés, por ser el departamento con mayor déficit habitacional y riesgo climático.
"No estamos pidiendo fondos inexistentes. El Poder Ejecutivo ya anunció una inversión de L15,000 millones vía Banhprovi para este año", cita la exposición de motivos del documento, presentado por la diputada Meza.
Según datos citados en la exposición de motivos, organizaciones como Hábitat para la Humanidad y el Centro de Acción Social Menonita (CASM) estiman que en San Pedro Sula existen unas 20,000 familias, equivalentes a más de 100,000 personas, viviendo en condiciones de exclusión en los bordos de los ríos.
El anteproyecto propone una distribución del presupuesto en cuatro programas principales. El 40% se destinaría a vivienda social gratuita para familias en pobreza extrema y para la reubicación obligatoria de quienes habitan en zonas de riesgo.
Otro 40% se orientaría a créditos con tasa del 4% para trabajadores de la maquila y del sector servicios, eliminando el requisito de prima.
Un 15% de los fondos se dirigiría a programas de renovación urbana para mejorar techos, pisos y sistemas de saneamiento en barrios ya establecidos, mientras que el 5% restante financiaría procesos de titulación masiva de asentamientos informales consolidados.
La iniciativa también contempla la creación del Comité de Vigilancia de Vivienda para Cortés (CVVC), integrado por la academia, colegios profesionales y organizaciones de sociedad civil, con facultades de auditoría sobre los listados de beneficiarios, con el objetivo de evitar el uso político de los programas habitacionales.
La iniciativa establece una vigencia de ocho años, con la meta de reducir el déficit habitacional del departamento en un 80%. Una vez alcanzado ese objetivo, la asignación presupuestaria especial podría darse por concluida.
El pasado lunes 9 de febrero, LA PRENSA confirmó que el gobierno de Nasry Asfura se ha comprometido a destinar 15,000 millones de lempiras anuales a través del Banhprovi, con lo que se prevé la edificación de entre 40,000 y 45,000 casas por año.
Entrevistado por este medio, Gustavo Boquín, presidente de la la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), declaró que con un presupuesto anual de 15,000 millones de lempiras, más la recuperación de Banhprovi, se podrían construir como mínimo entre 40,000 y 45,000 viviendas, siempre y cuando, se generen las condiciones necesarias.
“Necesitamos apoyo en la tramitología, porque actualmente un permiso de construcción para una urbanización puede tardar hasta cuatro años”.