La exdiputada Maribel Espinoza aseguró que el Congreso Nacional de Honduras tiene la obligación de promover juicios políticos contra funcionarios y exfuncionarios implicados en la crisis electoral de 2025.
Según señaló, no actuar al respecto enviaría “un mensaje de impunidad” a la ciudadanía.
Espinoza indicó que el Poder Legislativo debe actuar en cumplimiento de la Constitución y dar respuesta a los señalamientos realizados por consejeras electorales, quienes denunciaron presiones y persecución durante el proceso.
“Es obligado para este Congreso hacer ese juicio político. De no hacerlo, lo único que daría es un mensaje de un acuerdo de impunidad”, enfatizó, haciendo un llamado a la población a exigir el cumplimiento del marco legal.
Mencionó específicamente al consejero Marlon Ochoa y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, señalando que ambos deben ser sometidos a juicio político.
Además, solicitó que el fiscal general sea citado a interpelación legislativa como paso previo a un eventual juicio político, por su actuación ante las denuncias surgidas en el contexto postelectoral.
Espinoza sostuvo que, según información que calificó como confiable, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) permanecieron frente a las viviendas de consejeras electorales durante la crisis, lo que, según la exparlamentaria, constituía un patrón de persecución.
Asimismo, afirmó que la situación obligó a algunas funcionarias a buscar resguardo en sedes diplomáticas para poder completar el proceso electoral.
La exdiputada advirtió que el país estuvo “a punto de un golpe de Estado provocado desde el mismo gobierno” y señaló que deben asumirse responsabilidades de otros actores, incluyendo a un jefe militar identificado como Roosevelt, quien, según Espinoza, habría “manchado la dignidad” de las Fuerzas Armadas de Honduras. Destacó que estos hechos no deberían quedar sin investigación ni sanción.
Hizo un llamado al presidente del Congreso Nacional para que se inicien los procesos correspondientes y planteó que el Ministerio Público debería iniciar acciones legales contra el expresidente del Legislativo, Luis Redondo, y la exmandataria Xiomara Castro.
