El informe de la Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional concluyó con una serie de recomendaciones que incluyen la destitución permanente de los funcionarios electorales, tras analizar la denuncia presentada el 9 de abril de 2026.
De acuerdo con el documento, la comisión evaluó las causales expuestas en la denuncia, así como la declaración brindada por el magistrado Mario Alexis Morazán Aguilera el pasado 13 de abril. Además, se incorporó la prueba testifical de ocho testigos que comparecieron entre el 14 y 15 de abril ante el equipo legislativo.
Entre los testigos que rindieron declaración se encuentran Marcos Noé Martínez Pereira, Eduardo Enrique Fuentes Cálix, Telma Cristina Martínez, José Antonio Barahona, Mario Flores Urrutia, Claudia Liset Aguilera Granela, Alfredo Enrique Laínez Álvarez y Cossette Alejandra López-Osorio.
Tras el análisis, la comisión, designada por el pleno del Congreso Nacional y amparada en la Ley Especial de Juicio Político (Decreto No. 51-2013), emitió cuatro recomendaciones principales.
1-En primer lugar, sugiere aprobar en todos sus extremos la denuncia interpuesta contra Marlon David Ochoa Martínez, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Lourdes Maribel Mejía Estapé, magistrada suplente del TJE; y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente del mismo órgano.
2-Asimismo, la comisión plantea determinar la responsabilidad política de los cuatro funcionarios, al considerar que incurrieron en faltas como denuncia grave en el desempeño de sus cargos, actuaciones contrarias a la Constitución de la República y negligencia, incapacidad o incompetencia en sus funciones, conforme al artículo 5 de la referida ley.
3-Como tercer punto, el informe recomienda al pleno del Congreso Nacional la destitución permanente de los funcionarios señalados, lo que implicaría su separación definitiva de los cargos dentro de los órganos electorales.
Finalmente, la comisión sugiere que, para evitar que las instituciones queden acéfalas, el Congreso proceda a designar a los ciudadanos que ocuparán los cargos vacantes por el tiempo restante del período constitucional.
El informe también plantea la necesidad de impulsar reformas profundas a las atribuciones de los altos funcionarios que integran estos organismos, con el objetivo de prevenir futuros escenarios de parálisis institucional que pongan en riesgo la celebración de procesos electorales, en consonancia con los principios de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
