La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, designó este martes un tribunal especial encargado de conocer el proceso de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona Rodríguez y Mario Flores Urrutia.
El tribunal estará integrado por los magistrados de la Corte de Apelaciones Aida Patricia Martínez Linares (afín al partido Libre), Felipe René Speer Laínez (Partido Liberal) y Luis Alonso Discua Cerrato (Partido Nacional).
De acuerdo con la resolución de la presidenta de la CSJ, el tribunal tendrá un plazo de tres días para emitir su decisión, por lo que se espera que el fallo sea conocido a más tardar el próximo viernes.
Los magistrados Barahona y Flores Urrutia son acusados por el Ministerio Público del delito de prevaricato judicial, por supuestamente haber emitido resoluciones contrarias a la ley.
Según el requerimiento, ambos ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir a los candidatos a diputados Jorge Cálix (Partido Liberal) y Cristian Villalobos (Partido Nacional) sin la participación del tercer magistrado propietario ni la convocatoria de un suplente.
El antejuicio es un procedimiento constitucional que impide que altos funcionarios sean sometidos a procesos penales ordinarios sin una autorización previa de la Corte Suprema de Justicia, garantizando así la protección de sus funciones institucionales.
En reacción al proceso, el magistrado Mario Flores Urrutia calificó la acción del Ministerio Público como “carente de fundamento legal”, al sostener que las resoluciones del TJE se emitieron conforme a la normativa vigente.
“No nos arrepentimos de aplicar la ley. No vemos si es Cálix, Pedro o Juan, simplemente cumplimos con lo que manda la normativa electoral y constitucional”, afirmó.
Flores Urrutia también denunció que el antejuicio es un intento de “asaltar las instituciones electorales y atentar contra la independencia del TJE”.
“Honduras quiere paz y democracia, y este antejuicio representa una instrumentalización del Estado”, advirtió.
Asimismo, acusó al Ministerio Público de actuar bajo presión política. “El Ministerio Público está obedeciendo directrices del Ejecutivo. Hay una persecución marcada y dirigida contra quienes no se someten a intereses políticos o ideológicos”, denunció el magistrado.
