El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) compareció ante la sede del Poder Legislativo para realizar la entrega formal del anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, un instrumento que pretende devolverle al sistema un órgano de control que permanece extinto desde hace una década tras haber sido declarado inconstitucional por vicios de forma y choques de poder.
La propuesta institucional fue recibida por la junta directiva y los líderes de las diferentes bancadas representadas en el parlamento.
De acuerdo con las autoridades judiciales, el documento final es el resultado de un proceso de unificación de criterios técnicos que compila diversos borradores e iniciativas que habían sido planteadas con anterioridad, logrando el respaldo de los diferentes sectores ocupacionales que convergen en la estructura de la impartición de justicia en la nación.
Las autoridades de la CSJ calificaron el acto como un hito para la gestión actual y enfatizaron que el estamento dotará de un nuevo ordenamiento al ejercicio de los funcionarios judiciales para el periodo que concluye en el año 2030.
"Hoy es un día histórico para nosotros, ya que venimos a entregar este anteproyecto, que ha sido construido desde el pleno de la Corte Suprema de Justicia y que ha sido integrado de todos los sectores que componen el Poder Judicial de Honduras", expresó Wagner Vallecillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado presidente pormenorizó que el cuerpo normativo fue diseñado bajo un esquema participativo que incluyó de forma directa a las organizaciones internas de magistrados y jueces del país.
"Agradecemos mucho que este día nos hayan recibido acá en el Congreso Nacional de la República y vamos a hacer entrega en físico y en digital de lo que contiene este anteproyecto, que le da vida y origen al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial", acotó Vallecillo.
Por su parte, la presidencia del Congreso Nacional reconoció el peso de la iniciativa y remarcó que la propuesta cuenta con un sólido respaldo político al haber sido aprobada por la unanimidad de los integrantes del pleno de la CSJ.
No obstante, la directiva del Legislativo recordó que la figura del consejo ya cuenta con un antecedente histórico que data de una ley aprobada en el año 2011, la cual debió ser extirpada del ordenamiento jurídico nacional cuatro años después debido a los graves conflictos de competencias que generó con la propia presidencia de la Corte Suprema.
La nueva legislación deberá contar con los blindajes jurídicos necesarios para evitar que se repitan las anomalías administrativas y los vicios institucionales que sepultaron la experiencia del pasado consejo.
"El cuidado que vamos a tener en este Congreso es que no sea un choque de poder en los dos organismos, o poner a competir quién es el que decide, si el pleno de la Corte o el Consejo de la Judicatura, porque fue de la debilidad que tuvo el Consejo en vigencia por unos cuatro años", argumentó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El presidente del Legislativo precisó que para el análisis del documento se procedió al nombramiento inmediato de una comisión especial multipartidaria, la cual estará coordinada por el diputado Mario Pérez y contará con la participación del jefe de la bancada del Partido Libertad, Jorge Cálix.
A pesar de la urgencia manifestada por los magistrados, la presidencia del Congreso Nacional advirtió que el debate de la norma no se evacuará de forma exprés en las próximas sesiones ordinarias, fundamentando que se tomarán un margen de varias semanas para propiciar una socialización integral.
"Es una ley que no podemos correr a aprobarla la próxima semana y yo le voy a pedir a ustedes también la comprensión al Congreso Nacional; queremos hacer algo que fortalezca el Poder Judicial y, si nos toca tomar un par de meses para socializarla y poder aprobar la ley, espero que ustedes también nos acompañen", justificó Zambrano.
El congresista puntualizó que la comitiva de dictamen tiene la instrucción de abrir las comparecencias para escuchar las contrapropuestas de las asociaciones de jueces, los defensores públicos, el Colegio de Abogados de Honduras, las facultades de ciencias jurídicas del país y las plataformas de la sociedad civil organizada.
El Poder Legislativo concluyó la jornada asumiendo el compromiso político de respaldar las atribuciones de la CSJ, dejando en claro que el texto original remitido por los magistrados experimentará modificaciones y adiciones de forma obligatoria durante el periodo de dictamen en las comisiones técnicas.
"El dictamen puede sufrir algunos cambios con el único objetivo de mejorar la ley, no con el objetivo de querer disminuir capacidades o quitar facultades, sino con el único objetivo de que el dictamen que se convierte en decreto, una vez que lo aprobamos, venga a enriquecer y venga a mejorar esta propuesta de ley", adelantó Zambrano.
