Tras una década de permanecer como inconstitucional, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó por unanimidad el anteproyecto de la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una normativa compuesta por 112 artículos que será remitida el próximo 10 de junio al Congreso Nacional para su discusión, y eventual aprobación.
"Son 112 artículos que han sido aprobados por unanimidad de votos. Esto tiene títulos, capítulos, secciones y subsecciones. Puedo hacerle referencia que el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial tendrá entre otros puntos nombramientos, ascensos, traslados y evaluación periódica", explicó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.
Además, Silva aseguró que el anteproyecto será conformado por ocho miembros: cinco titulares y tres suplentes, con la presidencia asignada al titular del PJ, el magistrado presidente Wagner Vallecillo Paredes y el acompañamiento de un vicepresidente, un secretario y dos vocales.
Cabe destacar que los filtros de integración representan una de las modificaciones realizadas durante el proceso de discusión del anteproyecto, luego de que inicialmente se manejara una composición distinta.
Tras aprobar el anteproyecto que será enviado al Poder Legislativo, se reveló que los integrantes del Consejo tendrán períodos de cinco años en sus funciones, con la posibilidad de ser reelectos únicamente por un período adicional.
"El periodo será por cinco años que las personas que sean nombradas como parte del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial estarán al frente y este es prorrogable por un periodo más, es decir, únicamente por cinco años más", manifestó Silva.
Filtros de selección
La normativa de la Ley de la Judicatura establecerá una serie de requisitos para las personas que deseen integrarse: como la prohibición de vínculos familiares con magistrados de la Corte Suprema de Justicia o con las máximas autoridades del Poder Judicial o miembros activos de partidos políticos.Las disposiciones buscarán garantizar la independencia de los funcionarios y prevenir posibles conflictos de interés dentro de la estructura encargada de supervisar la carrera judicial.
"Esto porque lo que se quiere es tener idoneidad y evitar conflicto de intereses a los internos del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial", expresó el portavoz.
Además, la propuesta incorporará un sistema dividido en tres niveles de infracciones: leves, graves y muy graves, junto con mecanismos de evaluación periódica para el personal judicial.
Autoridades del órgano de justicia señalaron que el documento fue objeto de observaciones y modificaciones por parte de la comitiva encargada de diseñar el anteproyecto, que está conformado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ).
Finalmente, se informó que el próximo 10 de junio el Pleno de Magistrados prevé trasladarse al Congreso Nacional para entregar formalmente el anteproyecto a las autoridades del Poder Legislativo, con el objetivo de que inicie su proceso de discusión y eventual aprobación.
Responsabilidades y reformas
Con la creación del anteproyecto, el nuevo órgano podrá asumir competencias relacionadas con la administración del presupuesto, el manejo del personal judicial y los procesos de ascenso y nombramiento dentro de la institución, según lo aprobado por los magistrados.
El Consejo de la Judicatura dejó de operar en 2016 luego de que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley que regulaba su funcionamiento, entre los principales argumentos expuestos en la resolución figuró que la elección de los consejeros por parte del Congreso Nacional vulneraba principios de independencia judicial establecidos en la Constitución, al otorgar al Poder Legislativo facultades sobre un órgano encargado de la administración del Poder Judicial.
La decisión también estuvo precedida por diversos cuestionamientos a la gestión del organismo ya que durante sus años de funcionamiento, el Consejo fue señalado por presuntas irregularidades en contrataciones de personal, manejo de viáticos y otras decisiones administrativas.
Tras la declaratoria de inconstitucionalidad, las facultades administrativas y de gestión de personal regresaron a la presidencia de la CSJ, mientras se planteaba la elaboración de una nueva normativa que corrigiera los vacíos y observaciones identificadas en el modelo anterior.
