El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia inició este lunes la discusión definitiva y aprobación del anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
La sesión, convocada de forma oficial por el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo Paredes, busca cerrar el ciclo de debates internos para remitir de forma inmediata la propuesta normativa hacia la secretaría del Congreso Nacional.
La máxima autoridad de la justicia hondureña aceleró el análisis del documento tras haber solicitado una prórroga formal al Congreso, cuyo plazo vence este miércoles 10 de junio.
La intención de la magistratura es entregar una iniciativa unificada que absorba las propuestas de diversos sectores jurisdiccionales y que sepierte de una vez por todas los vicios de inconstitucionalidad que sepultaron al anterior consejo en el año 2016.
"Es necesario una Ley de la Judicatura que permita que jueces y magistrados sean objetivos, que no tengan ataduras políticas y que le permitan a la población hondureña una justicia objetiva, real y pronta", expresó Francis Cabrera, diputado por el Partido Liberal.Desde el Poder Legislativo se confirmó que existe un trabajo de veeduría y acompañamiento cercano con las autoridades judiciales para asegurar que el borrador final sirva como un sustento técnico robusto.
Los diputados apuntan a edificar un estamento legal que rompa con la mora judicial cruda y el clientelismo en los nombramientos de personal."Este Congreso está trabajando junto con la Corte Suprema de Justicia en un borrador que sirva de base como sustento para generar una ley adecuada, para que los operadores de justicia tengan objetividad, no tengan apego a nadie más que a la ley y tengamos justicia en este país", detalló Cabrera.
Hasta el momento, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Legislativo se mantiene a la expectativa del ingreso del documento por los canales de secretaría.
Una vez que la iniciativa tome un estado parlamentario formal, se prevé el inicio de una etapa intensa de socialización con asociaciones de jueces y la sociedad civil organizada.
"Cuando ese borrador ingrese a la secretaría con mucho gusto lo haremos saber y vamos a empezar una discusión profunda de cuál debe ser la propuesta, la conformación, la integración y la elección de los miembros de la judicatura que le permitan al país tener independencia", manifestó el diputado liberal.
El retraso en la entrega de la propuesta, que originalmente debía presentarse el pasado 26 de mayo, fue justificado en la Cámara Legislativa como un acto de prudencia técnica.
Los congresistas coincidieron en que la complejidad de la norma requería un margen de tiempo superior para evitar errores de redacción que vulneraran los derechos de los mismos empleados judiciales.
"La Corte ha sido muy responsable en este tema, tenía un periodo de entrega, pero están trabajando a fondo en ese borrador y nos pidieron una prórroga que este Congreso otorgó porque es lo correcto para no caer en los vicios del pasado", argumentó el parlamentario.Uno de los ejes torales que contempla la discusión del anteproyecto es la delimitación estricta de las competencias dentro de la estructura interna del Poder Judicial.
El nuevo modelo apunta a quitarle la carga de la gestión de personal y de los presupuestos a los magistrados de la Corte para que se concentren únicamente en la emisión de sentencias y la casación.
"Hay que separar las funciones administrativas, hay que separar el tema de recursos humanos y hay que separar el tema que es evidentemente jurisdiccional para que tengamos certeza de que cada resolución sea apegada solamente al derecho", agregó el congresista.
La urgencia de esta ley también responde a compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Honduras, luego de recibir fallos adversos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esas sentencias internacionales desnudaron la desprotección y las destituciones arbitrarias sufridas por jueces bajo el amparo de la legislación que terminó derogada.
El dictamen que empiece a moldearse en el Congreso Nacional buscará blindar la estabilidad laboral de los jueces de letras, de sentencia y magistrados de cortes de apelaciones.
De esta manera, el sistema judicial pretende garantizar que las resoluciones en casos de alto impacto no queden sujetas a represalias o presiones externas de los partidos políticos."Buscamos que la actuación de cualquier órgano sea única y exclusiva dentro del marco jurídico de la Constitución de la República, para que el juez tenga la certeza de que al actuar de manera apegada a la ley no sufrirá ninguna repercusión política", concluyó el legislador.
