El Congreso Nacional de Honduras aprobó este martes una reforma que suprime la facultad administrativa que tenía la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, para nombrar y destituir personal.
A partir de ahora, esa atribución será ejercida por el pleno de los quince magistrados que integran el máximo tribunal.
La enmienda fue avalada con dispensa de dos debates y obtuvo el respaldo de más de 90 de los 128 diputados del Legislativo. Así lo informó a la prensa el jefe de bancada del opositor Partido Liberal de Honduras, Jorge Cálix.
La propuesta fue presentada por el diputado liberal Francis Cabrera, quien argumentó que los decretos vigentes conferían “poderes extraordinarios” a la titular del Poder Judicial, por lo que era necesario modificarlos.
Con la reforma, y mientras no se nombren los integrantes del Consejo de la Judicatura, será el pleno de magistrados de la Corte el que asuma de manera colegiada las decisiones sobre selección, nombramientos y ascensos de jueces, magistrados y personal administrativo.
El texto aprobado establece que cualquier resolución en esta materia deberá contar con el voto favorable de al menos ocho de los quince magistrados, es decir, la mayoría simple requerida para validar las decisiones.
En cuanto al régimen disciplinario, se dispone que el máximo tribunal diseñe un mecanismo para que tres magistrados propietarios conozcan y resuelvan los procesos de despido.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la atribución concentrada en la presidencia del Poder Judicial tenía carácter transitorio desde 2011, cuando se declaró inconstitucional el anterior Consejo de la Judicatura.
Zambrano recalcó que la medida aprobada no implica una reforma constitucional, sino una modificación ordinaria orientada a regular una situación provisional dentro del sistema judicial.
Tras la votación, el Legislativo designó una comisión especial que sostendrá reuniones con los magistrados de la Corte para socializar y elaborar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, con el propósito de establecer un esquema permanente para la administración del sector justicia.
Previo a la aprobación, la presidenta del Supremo solicitó respeto a la independencia y colaboración entre poderes del Estado, y pidió la instalación de una mesa interinstitucional.
Además, requirió una reunión de alto nivel con las autoridades del Congreso y la comisión dictaminadora para adoptar decisiones responsables y avanzar hacia una reforma integral que abarque la ley del Consejo de la Judicatura, la Carrera Judicial y la actualización de la normativa sobre organización y atribuciones de los tribunales.
