El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, se refirió a la posibilidad de impulsar juicios políticos contra altos funcionarios del Estado, entre ellos el fiscal general, un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el magistrado Mario Morazán del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Zambrano aseguró que en el Congreso existe el mandato constitucional de supervisar la conducta de los altos funcionarios, función que recae en más de 90 diputados que integran el Poder Legislativo.
“El tema no se puede descartar porque es cuestión de números, de votos”, afirmó el titular del Legislativo, al tiempo que subrayó que cualquier intento de juicio político debe contar con la certeza de alcanzar al menos 86 votos, que constituyen la mayoría calificada requerida.
Zambrano advirtió que presentar un juicio político sin garantizar esos 86 respaldos podría tener consecuencias negativas. Explicó que, si la iniciativa fracasa en el pleno, no podría volver a discutirse por los mismos hechos hasta la siguiente legislatura.
“Hay que tener cautela, no es un tema que se deba llevar solo por un sentimiento o por un capricho. Hay que hacer las cosas bien”, expresó, al señalar que el ambiente político y social comienza a presionar en torno a este tipo de decisiones.
El presidente del Congreso indicó que varios diputados ya han empezado a manifestarse sobre el tema, aunque reiteró que todo dependerá de que se presente una denuncia formal con hechos específicos que sustenten el proceso.
“Habrá que evaluar cuando alguien presente una denuncia y si en esa denuncia se consiguen los 86 votos”, puntualizó, dejando claro que el análisis será estrictamente político y numérico.
Reforma judicial y audios divulgados por Marlon Ochoa
En otro tema, Zambrano destacó que en la sesión más reciente se aprobaron asuntos relacionados con la Corte Suprema de Justicia que lograron más de 86 votos, demostrando, según dijo, que cuando hay consensos se pueden alcanzar mayorías calificadas.
Asimismo, informó que el pleno aprobó una moción para remitir al Ministerio Público de Honduras audios señalados como falsos, fraudulentos y manipulados, los cuales fueron presentados por el consejero electoral Marlon Ochoa.
Según explicó, dichos audios serán enviados a Estados Unidos a través de una comisión de fiscales, coordinada por el director de fiscales, para que sean sometidos a peritajes en un laboratorio certificado por la DEA y el FBI, con el fin de demostrar —aseguró— que el material fue manipulado.
