Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronunció este lunes sobre el juicio político contra Marlon Ochoa, quien no se presentó a la citación de la comisión especial del Congreso Nacional y dejó su silla vacía.
Durante una entrevista, Cossette López aseguró que las acciones atribuidas al consejero Ochoa implicaban una “dosis importante de peligrosidad” y sugirió que no siempre es necesario recurrir a pruebas documentales, al considerar que basta con revisar hechos recientes.
No obstante, la consejera López afirmó que junto a Ana Paola Hall, presidenta del CNE, proporcionaron todas las pruebas documentales y testificales. “Enviamos un informe sobre los hechos. Las acusaciones de fraude ellos las comenzaron desde antes”.
La documentación remitida constituye elementos de prueba sobre la presunta conducta antidemocrática del consejero. La entrega de documentación se realizó a solicitud de la Comisión y se encuentra en los archivos oficiales del CNE.
NOTA DE PRENSA
— CNE_HONDURAS (@CneHonduras) April 13, 2026
Consejeras remiten informe con elementos de prueba en denuncia del CN sobre conducta antidemocrática de Marlon Ochoa pic.twitter.com/Y5P0imDdeM
En sus declaraciones, la funcionaria también abordó la posibilidad de que el caso trascienda del "ámbito administrativo al penal", señalando que, de encontrarse elementos relevantes, podría procederse en esa vía, siempre respetando el Estado de derecho.
No obstante, sus afirmaciones incluyeron señalamientos sobre supuestos intentos de intimidación en su contra y cuestionamientos a la autenticidad de los audios que circularon en el proceso electoral, los cuales afirmó que no le corresponden.
“Hay que hacer una distinción correcta entre evidencia y herramienta de difamación”, expresó la consejera López, al referirse a lo que considera ataques en su contra durante el proceso.
El proceso contra Ochoa se desarrolla en el Congreso Nacional bajo el proceso de la Ley Especial de Juicio Político, y su resolución final dependerá del pleno legislativo, que deberá determinar si existe responsabilidad política.