La plataforma Defensores de Honduras expresó este lunes su postura ante los recientes procesos de juicio político en el país y llamó a las instituciones a garantizar el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho.
A través de un pronunciamiento público, la organización indicó que se mantiene vigilante del trámite de denuncias ciudadanas que han derivado en estos procesos, los cuales afirmó que deben desarrollarse conforme al artículo 234 de la Constitución de la República y la Ley Especial de Juicio Político.
La plataforma subrayó que este mecanismo tiene como finalidad ejercer un control político legítimo sobre los funcionarios que hayan incurrido en violaciones a la ley, y enfatizó que dicho control es un pilar fundamental para asegurar la supremacía constitucional.
En su declaración, también cuestionó la actuación de Rebeca Raquel, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que su renuncia a la presidencia del Poder Judicial no la exime de responsabilidades por decisiones tomadas durante su gestión.
Asimismo, la plataforma planteó la necesidad de promover juicios políticos contra diputados que integraron la Comisión Permanente que nombró al exfiscal general Johel Zelaya, así como avanzar en investigaciones pendientes en el Ministerio Público.
En ese sentido, instó al fiscal general, Pablo Reyes, a dar trámite a denuncias que, según el pronunciamiento, no fueron procesadas en la gestión anterior, incluyendo señalamientos que involucran a distintos funcionarios.
Defensores de Honduras también hizo un llamado a diversos sectores, entre ellos organismos de control, sociedad civil y partidos políticos, a mantener vigilancia activa sobre el desarrollo de estos procesos.
De igual forma, exhortó al Congreso Nacional a continuar con la aplicación del juicio político, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos de los funcionarios señalados, con el fin de fortalecer la institucionalidad democrática.
Asimismo, la organización sostuvo que, "la impunidad frente a esos hechos constituiría una claudicación institucional intolerable".
