Tegucigalpa, Honduras. La discusión de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica continuará durante las próximas dos o tres semanas, mientras el Congreso Nacional busca acuerdos con las bancadas de oposición para reunir los votos necesarios para su aprobación.
La iniciativa no será retirada y se mantendrá entre las prioridades de la agenda legislativa, según explicó el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, quien señaló que durante este período se analizarán nuevos insumos técnicos y propuestas presentadas por las fuerzas políticas.
“Este tema es de prioridad y realmente lo que nos toca, con todo el compromiso y la responsabilidad, es seguir dialogando y construyendo los consensos necesarios para buscar que se alcancen los votos que se requieren para la aprobación de esta reforma a la ley de energía”, expresó Zambrano.
Las negociaciones se concentran actualmente en las observaciones presentadas por el Partido Liberal, cuyo pliego de propuestas fue elaborado por una comisión especial. Una instancia legislativa deberá determinar cuáles de esos planteamientos serán incorporados al proyecto y posteriormente emitir un informe.
Zambrano atribuyó el retraso en la discusión a la complejidad técnica de la reforma y aseguró que el Congreso continuará recibiendo propuestas durante las próximas semanas antes de retomar su aprobación en el pleno.
Uno de los principales puntos de controversia ha sido el futuro de los activos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). La Presidencia del Congreso rechazó que la iniciativa contemple una privatización y sostuvo que existen salvaguardas para que los bienes relacionados con generación, transmisión y distribución continúen bajo propiedad estatal.
Las autoridades legislativas también cuestionaron lo que califican como campañas de desinformación alrededor del proyecto, al considerar que han generado dudas y dificultado la construcción de consensos entre las bancadas.
El Congreso sostiene que la reforma pretende modernizar el sistema eléctrico hondureño tomando como referencia modelos aplicados en países como Costa Rica, Guatemala y Panamá. Entre sus objetivos también se encuentran reducir el hurto de energía y las pérdidas operativas de la Enee.
Los promotores de la iniciativa aseguran que una reducción de esas pérdidas permitiría liberar recursos públicos para otros programas y proyectos sociales. Asimismo, cuestionaron el manejo financiero de la estatal durante la administración anterior y señalaron que el Estado destinó más de L16,000 millones anuales a subsidios relacionados con el sector eléctrico.
