Tegucigalpa, Honduras. Elevar hasta 20 años el tiempo máximo de internamiento para adolescentes que cometan delitos graves o permitir que sean procesados como adultos son las dos opciones que plantea el Congreso Nacional para reformar el sistema de justicia juvenil, ante el riesgo de que las estructuras criminales utilicen a menores para cometer delitos.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sostuvo que las autoridades deben revisar la legislación actual porque las maras y pandillas podrían recurrir cada vez más a adolescentes frente a las acciones emprendidas contra el crimen organizado.
“No podemos dejar como está el sistema de justicia juvenil. Las maras y pandillas, estos grupos criminales a los que se les está atacando de frente, van a querer utilizar más a los menores de edad para la comisión de delitos”, expresó Zambrano.
La primera alternativa consiste en ampliar el máximo de ocho años de internamiento que contempla actualmente la legislación para adolescentes.
El diputado mencionó que la pena podría elevarse a 12 o hasta 20 años, dependiendo de los cambios que se acuerden.
Esta opción también implicaría revisar los centros de internamiento juvenil y establecer mecanismos para que quienes cumplan 18 años puedan continuar el tiempo restante de su condena en módulos de máxima seguridad para adultos, bajo las condiciones que determine la legislación.
La segunda posibilidad es denunciar tratados internacionales relacionados con la niñez para permitir que determinados menores sean procesados como adultos.
Zambrano reconoció que la decisión deberá discutirse con los diputados y distintos sectores de la sociedad para determinar cuál alternativa consigue respaldo.
“Tenemos esos dos escenarios y hay que tomar decisiones. Lo que no podemos permitir es dejar la legislación de menores y los procedimientos especiales tal como están en este momento”, sostuvo Zambrano.
Cuestionamientos
La propuesta fue cuestionada por Wilmer Velásquez, director ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN), quien señaló que reducir la edad para juzgar a menores como adultos o aumentar sus penas es una respuesta recurrente ante los problemas de inseguridad.
Velásquez contrastó la cantidad de personas adultas privadas de libertad con la población adolescente sometida a medidas judiciales.
Según las cifras que proporcionó, Honduras tiene más de 20,000 adultos encarcelados, 157 adolescentes en cinco centros de internamiento y entre 1,250 y 1,300 bajo medidas alternativas a la privación de libertad.
“Esto quiere decir que la responsabilidad del crimen organizado y de los delitos que se cometen en el país no son los adolescentes, sino las personas adultas”, manifestó
El representante de COIPRODEN también advirtió que denunciar tratados internacionales podría generar conflictos con las obligaciones jurídicas de Honduras y afectar la cooperación que reciben instituciones estatales y organizaciones dedicadas a proteger a la niñez.
A su criterio, el Estado debe fortalecer la prevención y garantizar los derechos de los menores.
“Denunciar tratados internacionales significaría contradecir la Constitución de la República y el Código de la Niñez y la Adolescencia, además de colocar al Estado de Honduras en una situación bastante compleja”, afirmó Velásquez.
La discusión se centra ahora en dos rutas planteadas por Zambrano: ampliar los años de internamiento dentro del sistema juvenil o impulsar cambios para que adolescentes puedan ser juzgados como adultos.
