Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional iniciará una profunda y delicada discusión orientada a modificar el tratamiento penal para los menores de edad que integran maras y pandillas en el país.
El debate parlamentario busca responder al uso sistemático que hacen las estructuras criminales de los adolescentes para cometer delitos de alto impacto social.
Este análisis surge a raíz de la gira oficial que realiza una delegación parlamentaria por El Salvador, tras sostener reuniones estratégicas con autoridades de la Asamblea Legislativa y otros funcionarios de ese país.
Los encuentros permitieron evaluar de cerca los modelos de seguridad e infraestructura penitenciaria implementados en la nación vecina.
"Hoy los menores en el país, independientemente del delito que cometan, la pena máxima que se les puede aplicar es de ocho años, por lo que tenemos que revisar si ampliamos los años de condena", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La iniciativa se enmarca también en el paquete de reformas penales que impulsan las autoridades para reforzar el combate frontal contra el crimen organizado y frenar la impunidad.
Para aprobar cualquier modificación al Código Penal u ordenamientos afines se requieren al menos 65 votos favorables de los 128 diputados que integran el pleno parlamentario.
Asimismo, la propuesta legislativa contempla abrir mesas de diálogo con operadores de justicia, sectores de la sociedad civil y organismos encargados de la protección de la niñez.
Las autoridades advierten que, ante el incremento de las acciones contundentes contra las maras, los grupos delictivos intensificarán el reclutamiento de menores para evadir la justicia.
"Hay que discutir si cabe una reforma de que los menores que cometen delitos de terrorismo o ligados a maras y pandillas se puedan juzgar como mayores de edad", afirmó el titular del Legislativo.
La eventual aplicación de juzgamiento como adultos para adolescentes implicaría un cambio drástico en el marco jurídico e internacional del Estado de Honduras.
Esta medida obligaría a revisar compromisos suscritos en materia de derechos humanos y protección a la infancia, además de replantear el funcionamiento de los centros de internamiento especializados.
"Hay dos discusiones: una es revisar y ampliar el número de años que se le puede condenar a un menor de edad, de ocho a 15 o 20 años", sostuvo Zambrano.
Aumento de penas
Incremento de penasDe igual manera, el Poder Legislativo someterá a revisión las sanciones vigentes contra las estructuras terroristas y pandilleras.
Se evalúa incrementar las penas de prisión que actualmente superan los 20 años para llevarlas a castigos que oscilen entre los 30 y 50 años de reclusión, e incluso contemplar la privación de libertad de por vida.
Las comisiones dictaminadoras prepararán los proyectos de reforma para someterlos a debate en las próximas sesiones de la cámara legislativa.
La meta de las fuerzas políticas apunta a estructurar un marco legal severo que blinde a la sociedad y garantice la seguridad en todo el territorio nacional.
