El Congreso Nacional abrió este martes el debate para la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026, una pieza importante que el oficialismo busca aprobar con celeridad para garantizar la operatividad del gobierno del presidente Nasry Asfura.
Un día cargado por el cabildeo intenso, la junta directiva logró la aprobación de la dispensa de dos debates, lo que permite que el voluminoso documento de 302 artículos sea discutido y votado en una sola sesión, proyectada para extenderse por más de seis horas debido a la complejidad técnica y la participación de los jefes de bancada de todas las fuerzas políticas.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, lideró la sesión enfatizando que el dictamen es el resultado de un proceso de socialización que ha tomado gran parte del día para asegurar que las inquietudes de los diferentes sectores fueran escuchadas.
Para Zambrano, la aprobación de este presupuesto no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino una herramienta de "suma urgencia" para enfrentar los desafíos críticos en salud, infraestructura y el sector agrícola del país.
“Esta iniciativa es de suma urgencia no solo para el gobierno, no solo para el presidente Asfura, sino para el país; hay mucho problema por resolver, hay mucha gente que se tiene que atender y este es un instrumento para trabajar en temas de infraestructura, salud, educación y el agro”, manifestó el titular del Legislativo.
Bajo una dinámica participativa, el presupuesto se someterá a votación por capítulos, sumando un total de 10 apartados donde los parlamentarios podrán presentar observaciones y sugerencias.
Gasto estatal
La sesión cuenta con el respaldo técnico del equipo de la Secretaría de Finanzas, encabezado por el ministro Emilio Hércules y el ministro Roberto Chan, quienes junto a la viceministra Lilian Rivera, tienen la tarea de despejar las dudas de la oposición y justificar las proyecciones macroeconómicas que sustentan el gasto estatal.
Zambrano apeló directamente a la memoria histórica y a la ética parlamentaria, recordando que en 2022 su bancada, entonces en oposición, otorgó el respaldo al gobierno de Libertad y Refundación (Libre) sin condiciones.
El presidente del Congreso solicitó que se mantenga esa tradición de cortesía política para permitir que la nueva administración tenga la base financiera necesaria para ejecutar sus promesas de campaña y estabilizar la economía nacional.“Este es el primer presupuesto del gobierno del presidente Nasry Asfura; por lo general, en los congresos anteriores a los gobiernos siempre se les da el respaldo en su primer presupuesto para que pueda responder al país”, argumentó el presidente Zambrano.
Desde la perspectiva técnica, el dictamen de la comisión revela un ajuste estratégico en las finanzas públicas con un monto global de 444,335.8 millones de lempiras, cifra que representa una reducción del 5.3% en comparación con la propuesta inicial.
Este presupuesto reformulado se basa en una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3.5% y una inflación controlada del 5.2%, lo que, según los considerandos del documento, establece una base tributaria robusta y sostenible que no compromete la estabilidad de precios para el consumidor final.
Uno de los pilares del plan fiscal para 2026 es el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, fijando un déficit del 1.0%, lo que evidencia un compromiso con la disciplina financiera y la sostenibilidad a mediano plazo.
Además, el presupuesto prioriza el servicio de la deuda y condiciona la contratación de nuevos créditos exclusivamente a proyectos de inversión productiva e infraestructura, buscando condiciones concesionales con organismos multilaterales para aliviar la carga sobre el tesoro nacional.
“Es un presupuesto transparente y es un presupuesto con el único objetivo de servirle al país; le pido a la oposición de este congreso que nos acompañe, vamos a recibir observaciones y hay puntos donde tendremos acuerdos para hacer cambios”, detalló el parlamentario.
En términos de inversión social, el presupuesto contempla una partida de 48,229.6 millones de lempiras para inversión pública real, equivalente al 4.4% del PIB, con un enfoque marcado en la energía y la infraestructura vial.
Asimismo, se destinan 6,817.9 millones de lempiras para subsidios de combustibles y energía eléctrica, una medida diseñada para proteger el bolsillo de las familias más vulnerables frente a los choques económicos externos y el encarecimiento del costo de vida.
La hoja de ruta financiera también incluye 24,512.4 millones para la Estrategia de Reducción de la Pobreza y fondos específicos para la construcción de hospitales en las principales ciudades del país, así como la rehabilitación de centros escolares y el programa de merienda escolar.
El dictamen también propone un incremento en la partida presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para fortalecer la fiscalización del gasto en las 298 alcaldías, asegurando que la ejecución de los fondos se realice bajo estrictos estándares de transparencia y rendición de cuentas.
