El Congreso Nacional retoma sus actividades legislativas este lunes a las 3:00 pm, con la misión de discutir y aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026.
La sesión fue adelantada para el primer día de la semana con el propósito de agilizar la aprobación de este instrumento, considerado por el Poder Ejecutivo como la principal herramienta de planificación para el desarrollo del país.
Tras concluir las etapas de socialización con diversas bancadas, sectores de la sociedad civil y organizaciones, el dictamen llega al pleno con una estructura que busca, según el oficialismo, mayor eficiencia administrativa.
Los parlamentarios se preparan para una jornada extensa, ya que el presupuesto debe entrar en vigencia para permitir la ejecución de proyectos de infraestructura y programas sociales que han operado bajo la modalidad de presupuesto prorrogado.
“Hemos pedido la celeridad del caso, ya que esto es una herramienta muy importante que en la presidencia de la República la están necesitando para desarrollar los diferentes proyectos a nivel nacional y esperamos iniciar el día lunes 20 de abril; no creo que se apruebe en ese día, pero sí en el transcurso de la semana”, manifestó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
Ledezma señaló que el compromiso de la junta directiva es evacuar la discusión lo antes posible para no afectar la operatividad del Estado. El funcionario recalcó que el dictamen ya está definido y que la sesión del lunes responde a la urgencia de avanzar en la agenda económica.
“El Congreso Nacional se va a adelantar; como generalmente sesiona el día martes, vamos a iniciar el lunes para darle celeridad a la aprobación del presupuesto general”, añadió Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
Contener el crecimiento de la masa salarial
Emilio Hércules, secretario de Finanzas, destacó que el proceso de socialización fue exitoso y permitió exponer a los diputados y a diversos sectores la estructura del presupuesto, que asciende a 444,265.8 millones de lempiras.
Hércules afirmó que la transparencia en el uso de los recursos es una prioridad en este nuevo ciclo fiscal. El funcionario subrayó que el proyecto contempla una reducción del 5.3% en comparación con la propuesta original enviada en septiembre por el gobierno anterior, equivalente a 24,938.2 millones de lempiras.
Explicó que la meta es dejar atrás el presupuesto prorrogado de 2025 y ejecutar plenamente el de 2026, lo que permitiría mayor fluidez en el pago de planillas y en la ejecución de obras.
El secretario reiteró que los fondos están garantizados y que se ha definido la ruta de financiamiento, en la que el 70.6% del presupuesto de la Administración Central se cubrirá con ingresos tributarios.
La visión del Ejecutivo es contener el crecimiento de la masa salarial y destinar más recursos a la inversión pública directa.
El objetivo es que más del 10% del presupuesto total, equivalente a 45,100.6 millones de lempiras, se traduzca en proyectos tangibles, manteniendo el gasto corriente bajo control.
“Tenemos muy definido cuáles son las fuentes de financiamiento para poder llevar a cabo la ejecución de los 444 mil millones de lempiras y va al par con la estrategia que tiene el presidente de la República para poder reducir el gasto corriente que tenemos en el Estado”, concluyó Hércules.
Presupuesto de las secretarías
El proyecto reformulado revela una concentración de recursos en las carteras sociales y de infraestructura, bajo nuevas reglas de operatividad.
La Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud han sido facultadas para retener el 100% de los ingresos que perciban por sus servicios, establecimientos oficiales y unidades de salud, respectivamente, para cubrir sus gastos de funcionamiento.
La medida busca otorgar mayor autonomía financiera a hospitales y centros educativos frente a limitaciones operativas históricas.
En infraestructura y producción, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) gestionará parte sustancial de la inversión productiva, estimada en 16,130.5 millones de lempiras, con prioridad en 71 proyectos en ejecución y 10 nuevas obras.
El esquema de transferencias municipales establece que el 50% de los fondos se distribuirá en partes iguales, el 20% según población y el 30% según niveles de pobreza.
El 35% de estas transferencias deberá destinarse obligatoriamente al Programa de Fortalecimiento Social y Comunitario.
No obstante, la Secretaría de Finanzas mantiene la facultad de retener hasta un 30% de las transferencias mensuales a municipalidades con embargos judiciales en la Cuenta Única del Tesoro, con el fin de garantizar el pago de obligaciones legales sin paralizar la administración local.
