Seis claves para entender el presupuesto reformulado 2026 de "Tito" Asfura

El Presupuesto General de la República 2026 reformulado del Gobierno encabezado por el presidente Nasry Asfura ofrece una radiografía clara de las prioridades, limitaciones y decisiones políticas del nuevo ciclo de gestión pública.

Con un monto total de L444,265.8 millones, el plan llega con una reducción importante, ajustes en el gasto y la promesa de hacer más con menos.

Pero, ¿qué implica esto realmente para el país? Estas son las seis claves para entenderlo, en un lenguaje sencillo y no técnico.

Imagine que tiene 1,000 lempiras y tiene que tomar una decisión importante, ya que ese dinero no es para un gusto, es para que su vida y la de su familia sigan funcionando todo el mes.

Antes de gastar, usted hace lo mismo que hace cualquier hogar responsable, es decir, dividir y separar lo que no puede fallar nunca.

Una parte grande, digamos que L300, se va en educación de sus hijos, o sea, cuadernos, útiles, transporte, quizás algún refuerzo o matrícula. Usted sabe que sin eso, el futuro se detiene.

Otra parte igual de importante (L200) se va en salud, es decir, medicinas, consultas, emergencias pequeñas que no se pueden ignorar.

Después vienen los gastos que sostienen el día a día, en los que debida asignar L350, como la comida en la mesa, pago de transporte, mantenimiento de la casa y seguridad básica para vivir tranquilo. No son lujos, son lo que mantiene todo en orden.

Pero también hay otra parte del dinero, los L150 restantes, que usted no ve todos los días, pero que es vital, como ahorrar para el futuro y las emergencias, pagar servicios que funcionan aunque no los toque directamente, como la luz, el agua o algún compromiso familiar que siempre está ahí.

Pues así precisamente funciona el presupuesto de todo un país, solo que en lugar de una casa, es una nación entera con escuelas, hospitales, carreteras, seguridad, energía y pensiones.

Y esos 1,000 lempiras imaginarios se transforman en millones que deben repartirse con la misma lógica de priorizar lo esencial para que la vida diaria de todos pueda seguir funcionando.

Del total presupuesto reformulado para este 2026, L263.8 mil millones corresponden a la administración centralizada (dependientes directamente del Gobierno) y L180.5 mil millones a la descentralizada (autónomas, pero que también son del Estado).

En la administración central, el Gobierno decidió priorizar en la Secretaría de Educación (Seduc), asignándole un presupuesto de L46.5 mil millones, seguido de la Secretaría de Salud (Sesal) con L31.3 mil millones y en tercer lugar la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con L14.3 mil millones.

Por su parte, en la administración descentralizada, la mayor parte la recibe la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), con L59.5 mil millones.

El presupuesto se redujo en 5.3%, es decir, casi L25 mil millones menos respecto a la propuesta anterior, que fue realizada en tiempo y forma (septiembre de 2025), pero que no fue remitido al Congreso Nacional.

Este recorte indica que el Gobierno reformuló las cuentas porque no tiene asegurados los ingresos que antes proyectaba, ya sea de préstamos o donaciones externas.

El recorte impacta tanto a la administración central como a la descentralizada, reduciendo el margen para nuevas inversiones, expansión de programas y ejecución de proyectos públicos.

En años anteriores, el presupuesto ha sido objeto de fuertes críticas debido a que su aprobación se retrasaba de manera constante por desacuerdos políticos. Como consecuencia, una vez aprobado, terminaba ajustándose a lo largo del año, ya sea mediante recortes o aumentos en los montos asignados a las distintas secretarías.

Esto es comparable a lo que ocurriría si usted elaborara un presupuesto mensual para su hogar, pero durante el mes no respetara lo planificado y realizara gastos o compras no contempladas.

A mitad del mes, podría quedarse sin dinero para cubrir necesidades básicas como el transporte al trabajo o el pago de servicios esenciales como la luz y el agua.

En el caso contrario, también podría ocurrir que le sobrara dinero simplemente porque olvidó pagar obligaciones importantes, como los servicios básicos o la colegiatura de sus hijos.

La diferencia es que, en el caso del Gobierno, cuando los recursos resultan insuficientes, existe la posibilidad de ampliar o modificar el presupuesto en el transcurso del año (aunque no es lo ideal).

En cambio, en la vida cotidiana de la mayoría de los hogares hondureños, es mucho más difícil compensar un déficit financiero de esa manera.

En cualquier caso, lo ideal sería que el presupuesto se ejecutara tal como fue aprobado, es decir, sin modificaciones que alteren la planificación original.

En el presupuesto 2026, se observan variaciones en los montos asignados a varias instituciones. En el caso del sector Educación, el presupuesto experimentó una reducción, al pasar de más de L48 mil millones a un poco más de L46 mil millones.

Por el contrario, el sector Salud registró un incremento, aumentando de más de L29 mil millones a aproximadamente L31 mil millones.

Otro caso relevante es el de la SIT, cuyo presupuesto se redujo en alrededor de mil millones en comparación con la propuesta presentada en septiembre de 2025, al pasar de L15 mil a L14 mil millones.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad, el presupuesto se mantuvo en L13 mil millones en ambas propuestas.

De manera similar, la Sedena presenta leves reducciones, pero se mantiene en torno a los L12 mil millones.

En la administración descentralizada se mantienen las prioridades en las cuatro secretarías (Enee, Inprema, IHSS e Injupemp), con ajustes menores en sus asignaciones presupuestarias.

El documento del presupuesto reformulado ya fue remitido al Congreso Nacional y está siendo analizado por la comisión encargada para luego ser aprobado el próximo lunes 20 de abril. El reto ahora será ejecutarlo con eficiencia y, sobre todo, lograr que esos recursos realmente se traduzcan en mejoras visibles.

Aunque el discurso apunta a inversión y desarrollo, la estructura del gasto cuenta otra historia, ya que el 26.2% (equivalente a L116.3 mil millones) del presupuesto se va en sueldos y salarios.

El 18.4% (L81.9 mil millones) en pago de deuda y el 16.9% (L74.9 mil millones) en transferencias.

En conjunto, más del 60% del presupuesto ya está comprometido en gastos antes de ejecutar obras o proyectos de impacto.

Y aunque la deuda y algunas transferencias se reducen levemente frente a la propuesta anterior, siguen representando una fuerte presión sobre las finanzas públicas.

Para entenderlo, sigamos con el ejemplo de los L1,000. Supongamos que su familia recibe ese ingreso mensual, pero antes de pensar en educación, ahorros y mejoras para la casa, ya tiene comprometida la mayor parte del dinero.

Por ejemplo, si usted tiene empleados o ayudantes en su casa, una gran parte del ingreso mensual de su familia (L260) debe destinarse automáticamente al pago de ellos, mientras que otra parte (L190) va al pago de sus deudas (préstamos, tarjetas o compras al crédito que necesita para seguir funcionando).

La otra porción (L170) lo utiliza para compromisos fijos.

Cuando se suman todos estos gastos, más del 60% del ingreso ya está comprometido incluso antes de planificar gastos como mejoras en la vivienda, educación de los hijos, salud o inversiones para el futuro para los que tendría apenas L200.

En la práctica, esto significa que, aunque la familia quiera ahorrar o invertir en mejorar su calidad de vida, la realidad es que la mayor parte del dinero ya está destinada a obligaciones previas.

De forma similar, en el presupuesto público, aunque el discurso se enfoque en la inversión y el desarrollo, una gran parte de los recursos ya está comprometida en salarios, deuda y transferencias.

Esto lo que hace es reducir el margen real para ejecutar proyectos de impacto, porque el espacio para la inversión queda limitado desde el inicio.

Y aunque algunos de estos compromisos (como la deuda ciertas transferencias) puedan variar ligeramente de un año a otro, siguen representando una presión que condiciona lo que puede hacerse con el presupuesto.

Otro punto clave del nuevo presupuesto es que apuesta por depender menos del financiamiento externo, pues según el documento analizado por LA PRENSA Premium, el 92.3% del presupuesto proviene de fuentes internas y solo 7.7% viene del exterior.

Además, los préstamos externos experimentan una reducción de 38.4%, equivalente a L21.2 mil millones menos.

Para los expertos, esto es en parte positivo porque existe menos dependencia de deuda externa, pero también riesgosa porque hay mayor presión sobre los ingresos internos, es decir, los impuestos.

Sin embargo, el Gobierno no plantea nuevos impuestos, aunque sí mejorar la recaudación, lo que significa más control fiscal, indica el documento.

En total, el presupuesto revela hacia dónde apunta el gobierno, ya que el 26.4% (equivalente a L114.2 mil millones) va a servicios públicos generales, con instituciones como el Poder Legislativo, la Presidencia de la República, la Deuda Pública, la Secretaría de Finanzas y el Registro Nacional de las Personas (RNP).

En segundo lugar, el 24.1% (unos L110.3 mil millones) va a asuntos económicos, como empresas públicas, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), entre otras.

Por su parte, el 16.8% (L74.5 mil millones) a protección social, y el 13.9% (L42.7 mil millones) a educación, investigación y cultura, representado por instituciones como la Secretaría de Educación (Seduc), Dirección de Gestión por Resultados (Diger), Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Setrass), Universidades, entre otras.

El restante el 18.5% (L42.7 mil millones) se distribuye en actividades de salud, vivienda y servicios comunitarios, medio ambiente y defensa y seguridad.

Asimismo, mencionan que el crecimiento esperado, según el Banco Central de Honduras (BCH), es de entre 3.5% y 4.5% (similar al Gobierno anterior), mientras que la inflación esperada es de 4.58%.

Sin embargo, la inversión pública también cae al pasar de L53.4 mil millones en 2025 a L45.1 mil millones, equivalente a solo 10.2% del presupuesto, esto significa que el margen para grandes proyectos será limitado.

A esto se suma un contexto internacional complicado, con aumento en los precios del petróleo, lo que presiona aún más las finanzas públicas.

"La inversión está orientada a la ejecución de programas y proyectos en los sectores prioritarios de acuerdo a los lineamientos del Plan de Gobierno "Juntos Vamos a Estar Bien" (2026-2030), con carreteras, energía, salud, educación, protección social y desarrollo agrícola", dice el documento.