El proceso de selección para las vacantes en los organismos electorales de Honduras ha entrado en una fase delicada de fiscalización.
La Comisión Especial Legislativa, encargada de evaluar a los autopostulantes para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ha endurecido sus mecanismos de control al solicitar informes detallados al Ministerio Público (MP) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
El objetivo es detectar si existen candidatos con cuentas pendientes ante la justicia o, más delicado aún, intereses contrapuestos al Estado mediante demandas activas, esto luego de que se revelara que existen estos procesos entre los autopostulantes.
Esta medida busca garantizar que quienes lleguen a la etapa final del informe que se presentará ante el pleno del Congreso Nacional posean una honorabilidad intachable.
La presencia de ciudadanos con litigios contra el Estado o denuncias penales en curso ha encendido las alarmas, pues su nombramiento podría comprometer la imparcialidad de los entes que regirán los próximos procesos electorales.
"Nosotros solicitamos ya a la Procuraduría General de la República que nos envíe el listado de personas que tengan este tipo de situaciones legales", explicó la diputada Erika Urtecho, integrante de la Comisión Especial.
El análisis de la información enviada por la PGR y el MP no será una exclusión automática en todos los casos, sino que requerirá una validación técnica y jurídica por parte de los comisionados.
Se busca diferenciar entre quienes ejercen un legítimo derecho de reclamo y aquellos cuya situación legal represente una inhabilidad ética o una incompatibilidad directa con el cargo de magistrado o consejero.
La decisión final sobre si un aspirante es declarado "no apto" se tomará mediante una votación interna dentro de la misma comisión legislativa.
"Hay que ver cada caso, si es demandante, si está siendo demandado, si es que esa persona puso una demanda y si la misma es justa o no justa", señaló la parlamentaria Urtecho.
A este riguroso filtro de antecedentes se suman las pruebas toxicológicas y psicométricas, requisitos que la ley establece específicamente para los aspirantes al Tribunal de Justicia Electoral.
Debido a la alta afluencia de postulantes y la logística que conllevan estas evaluaciones de confianza, las audiencias públicas debieron reprogramarse para cubrir a la totalidad de los candidatos.
La intención de la Comisión es entregar una nómina de 18 personas, tres por cada vacante, donde la solvencia moral esté tan acreditada como la capacidad técnica.
"Ese fue precisamente uno de los motivos por los cual se extendieron las audiencias públicas a martes y miércoles, tenemos que esperar los resultados de estas pruebas toxicológicas y psicométricas", detalló la legisladora.
El proceso se encuentra bajo la lupa de diversas organizaciones de la sociedad civil, que han advertido sobre la importancia de la transparencia total en esta etapa de depuración.
La meta es evitar que activistas políticos o personas con conflictos de interés lleguen a integrar los órganos electorales, priorizando en su lugar perfiles independientes y profesionales que brinden certidumbre a la democracia hondureña.
Una vez que la Comisión Especial concluya con la evaluación de los informes y las audiencias, el listado final será remitido a la junta directiva del Congreso Nacional.
La elección definitiva requerirá de una mayoría calificada de 86 votos en el hemiciclo, lo que obliga a las bancadas a buscar consensos basados en los perfiles más limpios y calificados que logren superar este estricto proceso de depuración legal.
