Dagoberto Aspra, procurador general de la República, reveló este martes que entre los aspirantes a integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) existen personas que mantienen demandas contra el Estado, así como algunos con investigaciones en curso en el Ministerio Público.
Aspra explicó que estos casos deben ser analizados dentro del proceso de selección, ya que podrían representar incompatibilidades para el ejercicio de la función pública.
“Hay personas que tienen demandas contra el Estado, que el Estado en su momento los demandó a ellos y que también tienen investigaciones en curso en el Ministerio Público”, señaló en una entrevista.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que será necesario que el Congreso Nacional, a través de la comisión evaluadora, solicite información a distintas instituciones para verificar la situación legal de los postulantes.
“Yo creo que va a haber un filtro y ese filtro va a consistir en que se pide información a las diferentes instituciones o les pidan una constancia a ellos para poder determinar si tienen algunos de estos”, manifestó.
Aspra también explicó que, en casos donde funcionarios mantienen demandas contra el Estado, existe la posibilidad de conciliación, lo que implica desistir de la acción legal. “La conciliación significa que deja la demanda; al final el efecto es que termina la demanda y se cierra el proceso".
El funcionario agregó que este tipo de situaciones deben analizarse cuidadosamente, ya que una persona que asuma un cargo público debe evitar conflictos de interés que comprometan su desempeño.
Postura del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
En paralelo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) fijó su postura sobre este tema, señalando la necesidad de reforzar los estándares éticos en el acceso y permanencia en cargos públicos.
El organismo advirtió que mantener demandas activas contra el Estado mientras se ocupa un cargo público representa una incompatibilidad con los principios de imparcialidad y transparencia.
“El hecho de que un alto funcionario mantenga una demanda activa contra la misma institución que dirige configura una situación incompatible con los principios de imparcialidad, independencia de criterio y rectitud en la gestión pública”, indicó el CNA en un pronunciamiento.
Asimismo, recordó que el Código de Conducta Ética del Servidor Público establece la obligación de evitar conflictos de interés que puedan afectar la objetividad en la toma de decisiones.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con relación a recientes decisiones en el ámbito gubernamental, considera necesario fijar una posición sobre los estándares de integridad que deben regir el ejercicio de la función pública en Honduras.
— CNA Honduras (@cnahonduras) April 27, 2026
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El CNA también hizo referencia a la directriz de la PGR que recomienda no contratar en la administración pública a personas con litigios pendientes contra el Estado, criterio que, según el organismo, debe aplicarse sin distinción.
En ese sentido, exhortó a los funcionarios que se encuentren en estas condiciones a tomar medidas inmediatas, como desistir de las demandas o separarse del cargo.
Además, el CNA llamó al Poder Ejecutivo a garantizar que los nombramientos respondan a criterios de integridad, subrayando que la función pública no debe coexistir con intereses legales en contra del Estado.
