Sin atribuciones ni herramientas para aplicar sanciones, la Comisión de Ética y Transparencia del Congreso Nacional permanece inactiva y sin capacidad para abordar casos de corrupción, faltas o escándalos que involucren a diputados.
Con más de un año de inactividad, la Comisión de Ética no ha trabajado en dictámenes ni ha recibido nuevas propuestas desde la discusión de la Ley de Nepotismo y el proyecto del Código de Ética para diputados.
Sin embargo, la comisión no tiene facultades para abordar casos en los que se vean implicados parlamentarios, ya que el Congreso Nacional no cuenta con un Código de Ética que rija el comportamiento de los legisladores.
“Esos casos no llegan allí porque no hay ningún código que los faculte. En el Código de Ética que yo estaba dictaminando, sí se otorgaban esas atribuciones, pero lo engavetaron y no se discutió. Infortunadamente, las comisiones en el Congreso son presidencialistas, y si el presidente no mueve nada, todo queda archivado”, explicó Carlos Umaña, vicepresidente de la comisión.
Señaló que hasta ahora no se ha conocido ningún caso, ni siquiera el Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, quien renunció tras la difusión de un video en el que negociaba fondos para la campaña del partido Libre con reconocidos narcotraficantes; o los de diputados señalados por agresiones a mujeres.
“No nos han turnado ningún proyecto. Desde que se dictaminó la Ley de Nepotismo y el Código de Ética, todo quedó archivado. Tenemos más de un año de no reunirnos”, añadió.
Solo la figura de juicio político
Actualmente, la única figura legal para sancionar a diputados por faltas graves es el juicio político, previsto para funcionarios que actúen en contra de la Constitución o incurran en negligencia en el ejercicio del cargo.
La Ley Especial de Juicio Político permite que cualquier diputado presente una solicitud, y debe ser aprobada por al menos 86 votos.
Actualmente, la única figura legal para sancionar a diputados por faltas graves es el juicio político, previsto para funcionarios que actúen en contra de la Constitución o incurran en negligencia en el ejercicio del cargo. La Ley Especial de Juicio Político permite que cualquier diputado presente una solicitud, y debe ser aprobada por al menos 86 votos.
Durante la actual legislatura, varios diputados han sido denunciados por agresiones u otros actos ante el Ministerio Público, pero sus casos no han avanzado ni han sido discutidos en la Comisión de Ética.
Uno de los más recientes involucra al diputado de Libre, Bartolo Fuentes, acusado de agredir a la legisladora liberal Kathia Crivelli. Fuentes ha sido señalado reiteradamente por agresiones contra compañeras del hemiciclo.
También ha generado controversia el caso de la vicepresidenta del Congreso, Isis Cuéllar, señalada por supuestas irregularidades en el manejo de fondos destinados a ayudas sociales, los cuales habrían sido politizados a favor de su partido.
