El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (Cimeqh) realizó un análisis del proyecto de decreto para la reforma del sector eléctrico y advirtió sobre varios riesgos relacionados con el control patrimonial del Estado, la falta de un plan para reducir las pérdidas de energía y posibles impactos en las tarifas eléctricas, entre otros aspectos.
Aunque el gremio manifestó su respaldo a la modernización del sistema eléctrico nacional, solicitó al Congreso Nacional revisar varios puntos de la iniciativa antes de su aprobación definitiva.
De acuerdo con el documento elaborado por el Cimeqh, al que tuvo acceso LA PRENSA, la organización respalda la modernización y la escisión de la Enee, pero condiciona su apoyo pleno a la incorporación de cinco modificaciones que considera fundamentales para garantizar el éxito de la reforma y proteger los activos públicos.
Cinco condiciones para respaldar la reforma.
1. Fortalecer el artículo 8 sobre reducción de pérdidas: el Cimeqh considera que este es uno de los puntos más débiles del proyecto. Propone establecer metas anuales vinculantes por zonas, asignar recursos presupuestarios específicos y diferenciar las pérdidas técnicas de las no técnicas. El gremio sostiene que ninguna reorganización será efectiva mientras persistan pérdidas cercanas al 35% de la energía distribuida.
2. Restituir la participación del cimeqh en la Cree: según el análisis, la propuesta reduce a tres integrantes la Junta Nominadora de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), excluyendo al Cimeqh y otorgando al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Energía (SEN), un papel determinante en el proceso. El colegio propone ampliar la junta a cinco miembros, incorporando nuevamente al Cimeqh y al Colegio de Abogados de Honduras para fortalecer la independencia del ente regulador.
3. Restituir la representación del Cimeqh en el Operador del Sistema: el gremio también cuestiona su exclusión del Comité de Nominaciones del nuevo Operador del Sistema de Mercado (OSM). Argumenta que la participación de profesionales especializados en ingeniería resulta necesaria para aportar criterios técnicos independientes en la gestión del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
4. Definir un plan para la deuda heredada de la Enee: la reforma contempla dividir la enee en tres empresas dedicadas a generación, transmisión y distribución de energía. Sin embargo, el Cimeqh señala que el proyecto no establece cómo se distribuirá la deuda acumulada de aproximadamente 114,000 millones de lempiras. A criterio del colegio, si una parte significativa de esa carga financiera recae sobre la empresa de distribución, esta podría iniciar operaciones en condiciones de insolvencia técnica.
5. Establecer una metodología definitiva para el precio de potencia: el documento también cuestiona el precio provisional de potencia fijado en 8.78 dólares por kilovatio-mes (kW-mes), al considerar que podría resultar insuficiente para atraer nuevas inversiones privadas. Por ello, solicita que la cree publique una metodología definitiva en un plazo máximo de 90 días y que el proceso incluya una consulta pública.
Alertas sobre el artículo 5
El análisis del Cimeqh presta especial atención al artículo 5, relacionado con el régimen de bienes, compras y financiamiento de las nuevas empresas subsidiarias que surgirían tras la escisión de la Enee.
Según el colegio profesional, este apartado contiene riesgos que podrían afectar el patrimonio estatal y la gestión de infraestructura estratégica.
Entre las principales preocupaciones destacan: las nuevas empresas operarían bajo normas de derecho privado y quedarían fuera del alcance de la Ley de Contratación del Estado y de los mecanismos tradicionales de control de bienes públicos.
La posibilidad de emitir deuda utilizando activos estatales como garantía podría exponer infraestructura estratégica a eventuales reclamaciones de acreedores en caso de incumplimientos financieros. La falta de mecanismos específicos de supervisión podría reducir los niveles de transparencia en contrataciones de gran escala.
El análisis se desarrolla en un contexto que el Cimeqh califica como complejo para la empresa estatal.
De acuerdo con el documento, la Enee mantiene una deuda acumulada cercana a los 114,000 millones de lempiras y registra pérdidas técnicas y no técnicas que rondan el 35%, muy por encima de estándares internacionales estimados en alrededor del 15%.
El colegio sostiene que la reducción de cada punto porcentual de pérdidas permitiría recuperar aproximadamente 671 millones de lempiras al año.
Asimismo, advierte que la escisión implicará la transferencia de activos estratégicos, incluyendo centrales hidroeléctricas, redes de transmisión y sistemas de distribución, hacia las nuevas subsidiarias.
Siete riesgos identificados
El Cimeqh identifica siete riesgos principales asociados al artículo 5:
1) Pérdida de control público: exclusión de los bienes de las subsidiarias de determinados mecanismos estatales de control patrimonial.
2) Falta de valuación independiente: ausencia de una obligación expresa de realizar avalúos previos a la transferencia de activos.
3) Emisión de deuda respaldada por infraestructura estratégica: posibilidad de utilizar activos esenciales como garantía financiera.
4) Exclusión de la Ley de Contratación del Estado: creación de regímenes propios de compras y contrataciones.
5) Distribución indefinida de la deuda: falta de criterios claros para asignar los pasivos entre las subsidiarias.
6) Riesgo de privatización progresiva: eventual pérdida de control sobre activos en escenarios de incumplimiento financiero.
7) Protección patrimonial insuficiente: mecanismos limitados para garantizar la preservación de bienes estratégicos.Propuestas del Cimeqh
Para reducir los riesgos, el Colegio hace propuestas
Para reducir los riesgos identificados, el Colegio profesional plantea una serie de reformas al proyecto:
1) Realizar una auditoría actuarial e independiente de todos los activos antes de cualquier transferencia.
2) Publicar un plan detallado para la administración y financiamiento de la deuda acumulada de la Enee.
3) Declarar por ley que presas, redes de transmisión y subestaciones eléctricas son bienes estratégicos, inalienables e inembargables.
4) Aplicar principios de transparencia y supervisión en contrataciones de gran cuantía, con participación de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
5) Incorporar una cláusula que permita el retorno automático de los activos al Estado en caso de insolvencia de una subsidiaria.
6) Otorgar a la Enee matriz facultades para intervenir o vetar operaciones que puedan comprometer el patrimonio público o la continuidad del servicio.
El Cimeqh reiteró que respalda la modernización del sector eléctrico y la reorganización de la Enee, pero insistió en la necesidad de introducir ajustes que fortalezcan la gobernanza, la transparencia y la protección de los activos estratégicos del Estado antes de aprobar la reforma.
