Las jornadas de socialización de la reforma del subsector eléctrico de Honduras continúan y ya han surgido propuestas de cambios importantes por parte de diversos sectores consultados, entre ellos la empresa privada.
La Comisión de Energía del Congreso Nacional sostuvo una reunión con representantes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Coalición Patriótica.
En días anteriores también se reunió con representantes del Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (Ahpee).
En todas estas reuniones han participado autoridades de la Enee y de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree).
En la reunión sostenida con el sector privado, representado por el Cohep, la Andi y la Ahpee, se formularon observaciones y comentarios para incorporar al anteproyecto de ley, con el propósito de alcanzar un equilibrio entre las metas de transformación institucional del Estado y las garantías operativas que promuevan la inversión nacional y aseguren un servicio eléctrico sostenible y accesible.
El sector privado considera que la reforma legal representa una oportunidad para atender problemas estructurales, modernizar el sistema eléctrico y fortalecer principios como la transparencia, la competencia, la eficiencia y la independencia de los entes reguladores.
Sin embargo, no comparte la propuesta de crear el Operador del Sistema y del Mercado (OSM), que sustituiría al actual Centro Nacional de Despacho (CND). En su lugar, propone transformar y adecuar el actual Operador del Sistema Eléctrico Nacional (ODS), que en la práctica corresponde al CND.
“La preservación y transformación del operador actual permitiría reducir significativamente los tiempos de implementación de la reforma, evitaría costos administrativos innecesarios que eventualmente podrían trasladarse a los consumidores, protegería el capital humano especializado del sector y, sobre todo, garantizaría la continuidad de la operación del sistema eléctrico sin generar períodos de incertidumbre institucional.
Asimismo, esta alternativa permite alcanzar los mismos objetivos de independencia, transparencia y gobernanza contemplados en el proyecto de ley, pero con menores riesgos operativos y jurídicos”, señala el documento entregado a la Comisión de Energía.
Según el documento, entre las ventajas de conservar el CND figuran una implementación más rápida de la reforma, menores costos para los consumidores, la retención del personal técnico especializado y la reducción de riesgos de litigios. El sector privado sostiene que la creación de un nuevo operador tardaría al menos 200 días hábiles, mientras que la transformación de la estructura existente podría completarse en pocas semanas.
La Enee dividida en tres
El anteproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional ordena la escisión de la Enee en al menos tres sociedades mercantiles estatales independientes: una de generación, una de transmisión y una de distribución. La estatal asumiría únicamente el rol de empresa matriz y custodio del patrimonio estatal, por lo que deberá abstenerse de intervenir en la gestión ordinaria de las nuevas subsidiarias.
La empresa de generación administraría las centrales hidroeléctricas y la producción de energía; la de transmisión gestionaría las líneas de alta tensión y el transporte de electricidad; mientras que la distribuidora tendría a su cargo el suministro a los consumidores y la facturación del servicio. El Estado mantendría la propiedad absoluta de estas empresas a través de la Enee.
No obstante, el proyecto contempla la transferencia de activos, pasivos, personal y contratos a las nuevas subsidiarias, las cuales operarían con autonomía técnica, administrativa y operativa.
Respecto a este punto, la empresa privada considera indispensable que la transformación empresarial vaya acompañada de un plan financiero que permita capitalizar adecuadamente a la subsidiaria responsable de la distribución de energía eléctrica mientras no se reduzcan las pérdidas eléctricas, debido a que el nivel actual limita su capacidad para generar ingresos suficientes que cubran los costos del suministro a los consumidores finales.
“En ese sentido, resulta fundamental que el proceso de escisión considere de manera integral todas las obligaciones financieras que recaerán sobre la empresa subsidiaria de distribución, incluyendo el pago de salarios y prestaciones laborales, obligaciones tributarias, servicio de deuda, compra de energía a las empresas generadoras públicas (subsidiaria de generación de la Enee) y privadas, los pagos por el peaje por el uso de la red de transmisión (subsidiaria de transmisión de la Enee), los cargos regulatorios de la CREE, los costos de operación y administración del mercado eléctrico a cargo del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), entre otras obligaciones legales, regulatorias y contractuales vigentes”, indica el escrito al que tuvo acceso LA PRENSA.
El Cohep recomienda que el anteproyecto defina claramente las responsabilidades en el proceso de escisión de la Enee, establezca un plazo máximo de seis meses para el inventario y valoración patrimonial, y fije un período determinado para concluir e inscribir el proceso bajo la coordinación del Poder Ejecutivo y la supervisión de la CREE.
Asimismo, el sector privado cuestiona que el anteproyecto reconozca el aumento de las pérdidas técnicas y no técnicas como uno de los principales problemas del sistema eléctrico, pero no incorpore disposiciones o herramientas específicas para combatirlas y reducirlas.
Más reformas para renovables y combate al hurto
Marlon Lara, diputado integrante de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, declaró a LA PRENSA que en esta primera fase de socialización han surgido propuestas relacionadas con mayores reformas para las empresas de energía renovable y la creación de una ley antihurto para reducir las pérdidas de energía.
“Mientras tanto necesitamos mostrar buena intención para resolverles a los actores que han venido esperando por más de 12 años, digamos los 98 productores renovables existentes, los trabajadores de la Enee y pensionados, y los cinco grupos creadores de empleo en zonas industriales que ya tienen sus propias generadoras para sostener sus inversiones”, expresó Lara.
El congresista agregó que no aprobarán la reforma eléctrica “a matacaballo” y que esta debe ser estudiada y consensuada para generar resultados positivos.
Por su parte, Samuel Rodríguez, generador de energía renovable y participante en las mesas de socialización, explicó a LA PRENSA que se requiere un plan para disminuir las pérdidas y una legislación específica para combatir el hurto de energía.
“La Comisión ha permitido un diálogo abierto con la empresa privada y demás sectores”, afirmó Rodríguez.
Rodríguez considera que la reforma permitirá contar con una tarifa eléctrica más competitiva y un suministro estable y de calidad.
“Ahora, el punto es que hay una presión por someter esto al pleno. La socialización debe ser con cada una de las bancadas porque este es un tema de país y merece la suficiente discusión”, señaló.
Las autoridades han reiterado que la Enee no será privatizada y que esta reforma, contemplada desde 2014, tiene como objetivo mejorar las finanzas y la calidad del servicio eléctrico en el país.
Expertos consultados en el debate han señalado que la implementación de la reforma, en caso de ser aprobada por el Congreso Nacional, podría tardar alrededor de tres años, principalmente por el proceso de división de la estatal en tres empresas subsidiarias.
