Un juez en materia de corrupción dictó medidas distintas a la detención judicial para Nery Cerrato, exviceministro de Salud, quien fue capturado la mañana de ayer por suponerlo responsable del delito de falsificación de documentos públicos por la compra del “hospital móvil” instalado en Villanueva, Cortés.
En la audiencia de declaración de imputado, el juez a petición de las partes estableció que el exfuncionario se defenderá en libertad.
Para saber
La audiencia inicial será el 14 de septiembre, no puede salir del país ni visitar la Secretaría de Salud y debe firmar un libro en el juzgado.
Cerrato fue capturado a inmediaciones del centro de salud del municipio de Teupasenti, luego de que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) presentara requerimiento en su contra, así como Gabriel Rubí, exdirector de Copeco; Cristian Elías Santeli Chavarría, exadministrador, y Mirna Luz Romero Majano, representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC.
Una fuente de la Fiscalía aseguró ayer que Gabriel Rubí se presentará hoy voluntariamente ante el tribunal, mientras a los otros dos imputados les libraron orden de captura. Cerrato dijo que jamás ha falsificado documentos públicos.
El caso
La investigación señala que los encausados se coludieron para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa, con la cual suscribieron un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para hacerle frente a la pandemia del covid-19 en esa zona, por la que se erogaron L5,560,278. Sin embargo, lo que entregó la empresa fueron toldos y camillas de campamento.
“Lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos”, establece el MP.
Señala que el 28 de febrero de 2020 y en un tiempo récord de dos días, Cerrato actuando como coordinador del Comité Técnico Científico de Sinager comenzó con Rubí la solicitud de la compra del hospital móvil, alterando documentación y violentando procedimientos y protocolos legales.
Las transferencias a DLX Enterprises LLC por las carpas y toldos fue en tres partes: un adelanto que se realizó el 2 de marzo de 2020 por un monto de $33,502.97, siete días después se pagaron $78,173.61 y el 17 de marzo de 2020 se hizo el último pago por $111,676.58.
Al ministro de Copeco y al exadministrador se les supone responsables de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, mientras que a Luz Romero se le señala como cooperador necesario de fraude.
LA PRENSA reveló el pasado 20 de junio que la adquisición se realizó sin seguir los procedimientos para una compra de emergencia y sin haber ni siquiera consultado con expertos de la Secretaría de Salud.
Además, constató que luego de haber permanecido instalada en un predio en Villanueva, donde solo sirvió como triaje.
La carpa, así como aires acondicionados, sistema de ventilación y ductos para el aire se hallan almacenados en un contenedor desde diciembre de 2021 en Copeco.
