Honduras
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Aunque los productores reconocen que el Bono Tecnológico Productivo (BTP) es un programa positivo, diseñado para apoyar al pequeño agricultor sin acceso a crédito, aseguran que no está llegando a quienes más lo necesitan y que su distribución tiene un tinte político.
El Bono Tecnológico Productivo es un incentivo dirigido a los pequeños productores de granos básicos, en particular a aquellos de subsistencia que no tienen acceso a crédito y que poseen hasta una manzana de tierra. Se entrega en los ciclos de primera y postrera.
El apoyo consiste en semillas certificadas de maíz, frijol, arroz o sorgo. Este año se adicionó un bono de frutales. También incluye fertilizantes y un kit fitosanitario con insecticidas y fungicidas, con el fin de minimizar los efectos de plagas y enfermedades en los cultivos.
Desde su implementación en 2022, el programa benefició a 288,096 productores. En 2023, la cifra aumentó a 554,776 y en 2024 alcanzó los 568,848.
Para este año, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) esperan beneficiar a 650,000 agricultores, con lo que se proyecta cerrar el ciclo con un total de 2,061,720 productores atendidos en cuatro años. La meta de 2024 es llegar a 298,000 productores en el ciclo de primera y a 352,000 en el de postrera.
La inversión histórica prevista asciende a 1,700 millones de lempiras.
Piedad Ochoa, presidenta de la Asociación de Campesinos Nacionales de Honduras (ACAN), declaró a LA PRENSA que como organización, que agrupa a más de 6,000 familias en 14 departamentos y 16 regiones, no han sido beneficiados con el bono. Estos campesinos producen tanto para subsistencia como para comercio.
A través del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), que reúne a unas diez organizaciones, han expuesto la problemática a Laura Suazo, ministra de la SAG, sin obtener resultados.“Sigo siendo ignorada, no soy escuchada. Quiero decirle al Gobierno que nosotros somos el sector más grande, el que lleva alimentación a las ciudades. Es cierto, somos productores de pequeña escala, pero producimos”, expresó Ochoa.
La dirigente campesina denunció que el bono se entrega a personas por afinidad política que luego lo venden porque no son productores.“A ninguna organización que integra el Cococh nos ha llegado el bono. Somos un sector grande y tenemos la necesidad: no tenemos acceso a crédito ni a este bono”, reclamó.
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Ochoa afirmó que a diario recibe llamadas de pequeños productores de Choluteca, Yoro, El Paraíso, Olancho y Cortés preguntando por qué no son beneficiados con el BTP.
Fredy Torres, presidente de la Asociación Hondureña de Agricultores y representante del sector arrocero, manifestó que cuando el bono es entregado a políticos se vuelve improductivo, pues debe destinarse a los pequeños productores que demuestren tener áreas sembradas y no repartirse por afinidad política.
“Año tras año, la producción nacional va cayendo. Estamos llegando a niveles históricos. Honduras se está convirtiendo en el país más importador de granos del área centroamericana”, expresó.
Con el paso de los años, la producción nacional de arroz se ha reducido en más de medio millón de quintales y más de 1,400 familias han abandonado este rubro para dedicarse a otras actividades.
En 2018, la producción anual de arroz era de aproximadamente 1.2 millones de quintales. En 2021 descendió a 903,661 quintales y en 2023 y 2024 cayó a unos 500,000. Para este año apenas llegaría a 400,000 quintales, según estimaciones de productores.
Actualmente, el 90 % del arroz que consumen los hondureños es importado desde Estados Unidos, mientras que solo un 10 % se produce a nivel nacional.
Torres aseguró que la producción nacional de granos no depende del BTP. Primero, porque está destinado a los pequeños productores; y segundo, porque no llega a quienes debería y se utiliza con fines políticos. A su juicio, para incentivar la producción nacional se requieren sistemas de riego, créditos blandos oportunos, precios competitivos, capacitaciones y otros apoyos.
Jairo Aguilera, productor de frijol en Danlí y miembro de la Cámara de Frijol, reconoció que el programa es positivo, pero lamentó que sea manejado por aspirantes a cargos de elección popular, alcaldías y dirigentes, lo que interrumpe su propósito de brindar seguridad alimentaria al país.
En Honduras, se producen dos millones de quintales de frijol, pero el consumo alcanza 2.4 millones, por lo que el faltante se importa desde Nicaragua.
“Ese bono también lo entregan tarde. Hasta hace un par de semanas estaban distribuyendo el bono de primera y ya estamos entrando al ciclo de postrera. Por mal manejo se pierden cantidades de dinero, porque no surte el efecto para el que fue creado”, advirtió Aguilera.
Agregó que en este ciclo de primera la producción podría alcanzar entre 700,000 y 800,000 quintales, aunque este suele ser el periodo de menor siembra y los altos costos han reducido aún más la producción.
Arturo Galo, exdirector ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), de la SAG, explicó a LA PRENSA que para la entrega del bono existe un censo de alrededor de 850,000 productores de subsistencia en 17 departamentos.
Precisó que el bono se entrega una sola vez; es decir, si un productor lo recibe en el ciclo de primera, no lo obtiene en el de postrera, pues no es posible cubrir a todos en un solo año.“Hay gente que se queja cuando no recibe el bono siempre”, señaló.
Según Galo, el 80 % del frijol en Honduras es producido por pequeños agricultores apoyados con el BTP; en maíz, un 38 %; en sorgo, más del 50 %; y en arroz, apenas un 5 %.“En esto se juegan muchos intereses. Quien no recibe dice que es por política, porque lo marginan. Pero, en general, el bono ha llegado a ese extracto de productores, que era lo que queríamos: al pequeño”, concluyó.
De acuerdo con un listado de la SAG, el BTP ha sido entregado a alcaldías, asociaciones de productores, cajas rurales, confederaciones y cooperativas, para ser distribuido entre los pequeños agricultores.