La gestión actual del Congreso Nacional, bajo la dirección del diputado Luis Redondo, se caracteriza por una falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, decisiones fuera del marco legal y prácticas autoritarias.
En la semana, los reflectores de la opinión pública se han volcado hacia lo que algunos califican como “el peor Congreso de la historia”, tras conocerse una denuncia sobre la falta de rendición de cuentas por más de 824 millones de lempiras, presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
“El Congreso Nacional ni siquiera puede legislar la cantidad de sesiones que debe para abordar otros temas. Está lejos de cumplir con las atribuciones de este Poder Legislativo.
Ayer acompañamos un informe presentado por la ASJ, el cual respaldamos, por supuesto”, dijo Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Sostuvo que “no es una sorpresa para los hondureños saber que el presupuesto está siendo mal utilizado en el Congreso Nacional, al igual que toda la parte técnica, que deja mucho que desear. Lo poco que se publica —información sobre gastos— está lejos de reflejar la verdad”.
Ilegalidad
En medio del aumento de la ola de cuestionamientos, los parlamentarios de oposición denunciaron que desde la directiva del Congreso Nacional se pretende aprobar el presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE), condicionando la aprobación del acta donde se consignan millonarios préstamos.
Los nuevos endeudamientos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo convenio fue suscrito de manera irregular y sin ratificación del acta correspondiente, han generado el rechazo de diputados de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal.
“Lo que muy probablemente querían hacer, con triquiñuelas y situaciones que no se deben dar en el Congreso, es incluir el presupuesto del Consejo Nacional Electoral sin haber aprobado y discutido el acta donde se aprobaron los préstamos de la CAF, que —como ya lo hemos dicho— son ilegales”, reprochó la diputada nacionalista Lissi Cano.
Continuó: “Quieren aprovecharse de la situación, quieren aprovecharse de que todos estamos interesados en que se desarrolle el proceso electoral para sacar a estos inútiles, incompetentes e improvisados, e incluirlo en la misma acta, para que de tal forma los préstamos sean aprobados”.
El diputado liberal Marlon Lara indicó que “lo que pretenden ellos es introducir ese proyecto de presupuesto del CNE dentro del acta que aprobaron más de $350 millones con la Corporación Andina de Fomento para que se apruebe la ratificación del acta”.
El parlamentario liberal argumentó que desde hace tres semanas, la oposición ha exigido a la directiva para que someta a votación la aprobación o improbación del acta.
Por ser contrarios a la línea del presidente del Congreso Nacional, Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció al titular del Legislativo de prácticas “dictatoriales”.
“Desafortunadamente, hemos visto que este Congreso ha profundizado las prácticas dictatoriales, ya veníamos viendo con una ley orgánica de corte presidencialista, pero que el abuso y la ilegalidad en el ejercicio del poder que le da el actual presidente realmente es desmedido”, cuestionó.
Mena aseveró "hoy hay que pedirle permiso 24 horas antes al presidente del Congreso para ver si él deja que una persona entre. Ha llegado a ese nivel de autoritarismo".
La diputada Fátima Mena fue removida de la presidencia de la comisión anticorrupción del Congreso, mientras que el diputado liberal Yavhé Sabillón también fue apartado de la misma comisión.
