El informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que revela la falta de transparencia en el manejo de más de 824 millones de lempiras por parte del Congreso Nacional, ha provocado una oleada de reacciones en distintos sectores políticos y sociales.
Entre los hallazgos más graves se señalan posibles fraccionamientos de compras, adquisiciones injustificadas de artículos personales y la compra de medicamentos controlados con fondos del Legislativo.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la ASJ, reveló que, en los últimos tres años, no se ha podido esclarecer el destino de 824 millones de lempiras, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia en el manejo de estos fondos.
Del monto total, 95 millones corresponden a compras menores, de los cuales al menos 13.6 millones habrían sido ejecutados bajo esquemas de fraccionamiento de compras, una práctica que vulnera la Ley de Contratación del Estado.
Rodolfo Isaula, portavoz del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), confirmó que la institución recibió oficialmente la documentación de parte de la ASJ. “El primer paso es un análisis legal previo, que determinará si la denuncia encaja dentro de las competencias del TSC.
De ser así, se procederá con una investigación especial a cargo de un auditor, quien establecerá un plan de trabajo, recabará pruebas y elaborará un informe técnico legal”, explicó.
Una de las voces más críticas provino de la diputada liberal Maribel Espinoza, quien calificó el informe de “impactante y vergonzoso”.
Para Espinoza, cualquier explicación oficial debe estar acompañada de un dictamen pericial externo, dada la falta de credibilidad que arrastra el Congreso. “Mientras los hospitales públicos carecen de medicamentos y equipos, aquí se despilfarran millones en artículos personales”.
Luis Cruz, exdiputado de Libre, fue aún más directo en su crítica contra el presidente del Congreso, Luis Redondo, a quien acusó de “vestirse de oveja” mientras realizaba actos que calificó como “saqueo”.
El informe de la ASJ ha expuesto un entramado de posibles irregularidades que, de comprobarse, dejarían en evidencia un uso irresponsable y opaco de los fondos públicos en el Poder Legislativo.
