Tegucigalpa, Honduras.
Tras la revelación de los hallazgos irregulares en el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, varios sectores de la sociedad hondureña piden la renuncia de sus miembros.
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, dijo que la separación de los actuales consejeros es necesaria para sanear el Poder Judicial.
Jair López, miembro de los Abogados Defensores del Estado de Derecho, dijo que la “Corte está en la obligación de pedir al Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y el Congreso Nacional que actúen contra los consejeros para comprobar las irregularidades que revela el informe y deducir las responsabilidades a los señalados”.
Defensa
El consejero suplente Celino Aguilera argumentó que también se investigue sobre los viáticos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Hay un renglón de viáticos de magistrados de la Corte Suprema que igualmente han sido consumidos y utilizados. Hay que establecer un equilibrio de lo que fue el uso de los viáticos por parte de los consejeros y cuáles los de los exmagistrados de la Corte Suprema. Este renglón es unánime para ambos”, explicó Aguilera. El informe de gastos de viáticos nacionales y al exterior que recién publicó la mesa técnica que nombró el presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, reveló que durante 2015 el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ejecutó un monto de 4,494,472.50 lempiras, casi un millón por cada uno de los cinco consejeros.
“Cuando se creó el Consejo se le dio la potestad de administrar la justicia. Sobre el informe de la mesa técnica puedo decir con toda seguridad que contiene una inmensa cantidad de cuestiones rebatibles y, de igual forma, no son sólidas”, añadió Aguilera.
El informe de la mesa que podría ser el argumento para que la Corte Suprema disuelva el Consejo vía recurso de inconstitucionalidad y de esa manera sin ocupación a los cinco consejeros: Francisco Quiroz, Teodoro Bonilla, Celino Aguilera, Julio Barahona y Liliam Maldonado.
El diputado nacionalista y constitucionalista Oswaldo Ramos Soto indicó que ante la situación que atraviesa el Consejo se debe derogar la ley que creó esta institución y que al final se reforme la carta fundamental.
“Eso lo permite la Constitución en su artículo 373 en dos legislaturas si no se trata de una cláusula pétrea de las que regula el artículo 374”, aseguró el congresista.
Entre otros hallazgos de la mesa técnica informaron que por parte de la tasa de seguridad se transfirieron bonos a diferentes juzgados y cortes de apelaciones; sin embargo, el personal que gozó del beneficio no tiene que ver con la actividad jurisdiccional, los que recibieron por bono navideño más de 300,000 lempiras divididos entre 23 empleados.
Audiencia
Hoy a las 8:30 am se presenta en audiencia inicial en los juzgados de Tegucigalpa el consejero suspendido Teodoro Bonilla, quien está acusado por el Ministerio Público de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Reyna Hércules Rosa es la jueza designada para conocer el caso.
Entre las pruebas que presentarán los fiscales se detalla el dictamen de vaciado y análisis de vinculación telefónica entre los acusados. Además, un informe en torno a audios y transcripción de datos en resumen de la intervención.
Tras la revelación de los hallazgos irregulares en el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, varios sectores de la sociedad hondureña piden la renuncia de sus miembros.
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, dijo que la separación de los actuales consejeros es necesaria para sanear el Poder Judicial.
Jair López, miembro de los Abogados Defensores del Estado de Derecho, dijo que la “Corte está en la obligación de pedir al Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y el Congreso Nacional que actúen contra los consejeros para comprobar las irregularidades que revela el informe y deducir las responsabilidades a los señalados”.
Defensa
El consejero suplente Celino Aguilera argumentó que también se investigue sobre los viáticos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Hay un renglón de viáticos de magistrados de la Corte Suprema que igualmente han sido consumidos y utilizados. Hay que establecer un equilibrio de lo que fue el uso de los viáticos por parte de los consejeros y cuáles los de los exmagistrados de la Corte Suprema. Este renglón es unánime para ambos”, explicó Aguilera. El informe de gastos de viáticos nacionales y al exterior que recién publicó la mesa técnica que nombró el presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, reveló que durante 2015 el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ejecutó un monto de 4,494,472.50 lempiras, casi un millón por cada uno de los cinco consejeros.
“Cuando se creó el Consejo se le dio la potestad de administrar la justicia. Sobre el informe de la mesa técnica puedo decir con toda seguridad que contiene una inmensa cantidad de cuestiones rebatibles y, de igual forma, no son sólidas”, añadió Aguilera.
El informe de la mesa que podría ser el argumento para que la Corte Suprema disuelva el Consejo vía recurso de inconstitucionalidad y de esa manera sin ocupación a los cinco consejeros: Francisco Quiroz, Teodoro Bonilla, Celino Aguilera, Julio Barahona y Liliam Maldonado.
El diputado nacionalista y constitucionalista Oswaldo Ramos Soto indicó que ante la situación que atraviesa el Consejo se debe derogar la ley que creó esta institución y que al final se reforme la carta fundamental.
“Eso lo permite la Constitución en su artículo 373 en dos legislaturas si no se trata de una cláusula pétrea de las que regula el artículo 374”, aseguró el congresista.
Entre otros hallazgos de la mesa técnica informaron que por parte de la tasa de seguridad se transfirieron bonos a diferentes juzgados y cortes de apelaciones; sin embargo, el personal que gozó del beneficio no tiene que ver con la actividad jurisdiccional, los que recibieron por bono navideño más de 300,000 lempiras divididos entre 23 empleados.
Audiencia
Hoy a las 8:30 am se presenta en audiencia inicial en los juzgados de Tegucigalpa el consejero suspendido Teodoro Bonilla, quien está acusado por el Ministerio Público de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Reyna Hércules Rosa es la jueza designada para conocer el caso.
Entre las pruebas que presentarán los fiscales se detalla el dictamen de vaciado y análisis de vinculación telefónica entre los acusados. Además, un informe en torno a audios y transcripción de datos en resumen de la intervención.
