Enee aplicará cobros retroactivos y acciones penales por conexiones ilegales
Enee registra 27,000 conexiones ilegales y 291,700 abonados facturados por promedio, mientras advierte cobros retroactivos y acciones penales.
- Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 10:00 -
Un informe de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), elaborado con datos extraídos del sistema comercial al cierre de julio de 2026, dimensiona los desafíos que enfrenta la estatal para mejorar el control de sus usuarios, la facturación y la regularización del suministro eléctrico.
El documento identifica alrededor de 27,000 conexiones ilegales que todavía no han sido regularizadas y cerca de 28,000 conexiones ubicadas en bordos, invasiones y asentamientos irregulares, que permanecen fuera de un esquema formal de suministro y control comercial.
Asimismo, registra más de 291,700 clientes que son facturados mediante promedios, debido a que no cuentan con una lectura real de su consumo eléctrico. Esta modalidad puede generar diferencias entre la energía consumida y el monto facturado.
El informe también detalla más de 55,400 solicitudes de nuevos suministros pendientes de atención, correspondientes a personas o empresas que solicitaron una conexión eléctrica y todavía no han recibido el servicio. Estas gestiones retrasan su incorporación al sistema comercial y el inicio de la facturación.
Las cifras reflejan las dificultades de la Enee para fortalecer sus controles comerciales, reducir las pérdidas de energía y garantizar una medición efectiva del consumo. A estos problemas se suman las conexiones irregulares y los usuarios que permanecen fuera de los registros formales de suministro.
La Ley de Justicia Energética, aprobada y publicada en La Gaceta el 29 de septiembre de 2026, establece medidas para combatir el hurto de electricidad y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la estatal. De acuerdo con la normativa, estas pérdidas han representado históricamente entre el 30% y el 35% de la energía generada, frente al rango internacional considerado aceptable de entre el 10% y el 15%.
Como parte de las disposiciones de la reforma, se contempla un período excepcional de tres meses para que los usuarios con conexiones ilegales, medidores alterados o que carezcan de contador puedan regularizar voluntariamente su situación. El plazo vence el 29 de diciembre de 2026.
Durante ese período, quienes formalicen su servicio, eliminen las conexiones ilegales y permitan las inspecciones técnicas correspondientes no serían objeto de acciones administrativas ni penales por esas irregularidades. Sin embargo, el beneficio no los exime del pago de los costos legales de instalación ni de los depósitos correspondientes.
Una vez concluido el plazo, la Enee, el Ministerio Público y la Policía Nacional podrán ejercer las acciones civiles y penales correspondientes contra quienes mantengan conexiones irregulares. Las medidas podrían incluir el cobro retroactivo de la energía consumida ilegalmente, además de multas, recargos e intereses, según lo establecido en la normativa.
“La Ley faculta 24 meses de manera retroactiva cobrar la energía a los que están robando, es mejor que se regularicen de manera voluntaria”, aseveró Samuel Rodríguez, experto en energía, a LA PRENSA. Después del 29 de diciembre, se intensificarán los operativos para identificar conexiones ilegales y medidores alterados.
Para regularizar el servicio, el propietario de la vivienda debe presentarse en las oficinas de la Enee con un comprobante de domicilio y su Documento Nacional de Identificación (DNI). Posteriormente, las cuadrillas de la empresa efectuarán una inspección técnica.
El artículo 30 de la Ley de Justicia Energética contempla sanciones por conexiones clandestinas, reconexiones no autorizadas, manipulación de medidores y sellos de seguridad, suministro de energía a terceros sin autorización y obstrucción de inspecciones. La reforma también ordena implementar programas de telemedición y monitoreo remoto, con prioridad en zonas de alto riesgo.