La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) pidió a los operadores de justicia actuar con independencia en el proceso contra Marlon Ochoa y deducir responsabilidades si se comprueba que intentó obstaculizar las elecciones generales de 2025 en Honduras.
El director de la organización, Carlos Hernández, se refirió a la orden de captura emitida contra el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos electorales y violación de los deberes de los funcionarios, según documentos oficiales.
Hernández manifestó que las autoridades judiciales deben desarrollar el proceso sin presiones políticas y garantizar que sus decisiones estén apegadas a la ley. También señaló que corresponde a los tribunales determinar si existió responsabilidad penal en las actuaciones atribuidas a Ochoa.
"Nuestro sistema democrático estuvo en riesgo, y ahora corresponderá al señor Marlon Ochoa rendir cuenta; ojalá los tribunales puedan actuar conforme a ley, con total independencia, sin presiones de ningún tipo", expresó el director de ASJ.
Entorpecer el proceso electoral
El representante de la organización agregó que, si se confirma que Ochoa actuó conscientemente para entorpecer el proceso electoral, deben deducirse las responsabilidades correspondientes; de lo contrario, consideró que debe otorgársele la libertad.
Hernández sostuvo que hubo intenciones de obstaculizar el proceso electoral y afirmó que esas situaciones se observaron desde las elecciones internas de marzo de 2025. También mencionó acontecimientos ocurridos durante la jornada electoral y la declaratoria de resultados.
"Sí hubo intenciones de obstaculizar el proceso electoral, lo vimos también el día de las elecciones y con la declaratoria de elecciones; estamos a la expectativa. Soñamos que se pueda fortalecer nuestro sistema democrático", apuntó.
El 18 de noviembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Ochoa, quien representó al Partido Libertad y Refundación (Libre) ante el CNE desde 2024 hasta el 16 de abril de 2026. Durante su gestión protagonizó confrontaciones políticas, abandonó en reiteradas ocasiones las sesiones del pleno y también se ausentó de algunas reuniones.
Las denuncias de ese período señalaron que sus ausencias buscaban romper el quórum e impedir que el organismo electoral adoptara decisiones administrativas y operativas. Además, las acusaciones que sustentaron la solicitud de juicio político incluyeron presuntas irregularidades en las elecciones primarias y generales de 2025, así como señalamientos por obstaculización de actividades del CNE, manipulación de evidencias e intimidación y violencia de género contra las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.
Tras su destitución, trascendió que Ochoa habría salido del país, aunque la información proporcionada no precisa su paradero actual. Mientras avanza el proceso, la ASJ espera que las instituciones judiciales esclarezcan los hechos y determinen si existieron responsabilidades, con respeto a la independencia judicial y al debido proceso.