Tras conocer en pleno el recurso de amparo presentado por el abogado Gustavo Rafael Solórzano Díaz contra el decreto ejecutivo PCM-37-2025, que establece el estado de excepción parcial, tres magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron a favor de admitirlo.
Sin embargo, los otros dos magistrados de la Sala de lo Constitucional desistieron de emitir opinión durante la sesión plenaria respecto a la solicitud del recurrente de suspender temporalmente el decreto ejecutivo PCM-37-2025, que mantiene vigente el estado de excepción parcial.
“Durante la sesión del pleno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional no hay una resolución definitiva acerca de este recurso de amparo, ya que dos de sus magistrados han solicitado estudiar más a fondo el recurso de amparo que fue presentado en las últimas horas por el abogado Gustavo Solórzano contra el decreto antes referido”, confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.
Aunque horas antes trascendió que la Sala de lo Constitucional había admitido el recurso, Silva explicó que aún no existe una resolución concreta al respecto.
Los magistrados que pidieron más tiempo para analizar el amparo fueron Sonia Marlina Dubón, de afinidad política a Libre, y el liberal Warner Vallecillo.
Solórzano sustentó su acción en que la prórroga del estado de excepción restringe derechos constitucionales de la población hondureña y no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 187 de la Constitución de la República.
El también presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, expone en su petición supuesta violación al derecho de locomoción, a la libre asociación y al domicilio.
“Por lo tanto, ya que los dos magistrados de la Sala de lo Constitucional han solicitado tiempo para estudiarlo, posteriormente deberá ocurrir otra reunión del pleno para dar la resolución definitiva sobre ese recurso de amparo, que tres de los magistrados sí están a favor de que se admita”, puntualizó Carlos Silva.
Al menos otros dos recursos han sido presentados ante la Sala de lo Constitucional contra la vigencia del decreto que sustenta el estado de excepción. Los recurrentes advierten un posible riesgo de que este se mantenga activo durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
El estado de excepción entró en vigencia en diciembre de 2022, durante el primer año de administración de Xiomara Castro, presidenta. En ese momento se justificó como una medida para combatir la extorsión y delitos conexos, aunque varios sectores de la sociedad han cuestionado su efectividad.
La extensión número 25 fue aprobada recientemente y también ha recibido críticas en el ámbito nacional e internacional.
