Tegucigalpa, Honduras.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) señaló este lunes que la creciente conflictividad entre las instituciones encargadas del proceso electoral en Honduras está poniendo en riesgo la celebración de comicios libres y confiables en 2025.
El país se prepara para elegir presidente, 128 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano el próximo 30 de noviembre de 2025.
En un comunicado, HRW señaló que el ambiente político se ha tensado en las últimas semanas debido a investigaciones penales contra altos funcionarios del sistema electoral y a las disputas públicas entre los propios consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según la organización, estos choques internos han retrasado decisiones administrativas clave, como la adjudicación de contratos para la transmisión de resultados y la logística electoral.
A ello se suman acusaciones de presunto fraude, lanzadas tanto por la presidenta Xiomara Castro como por dirigentes de oposición, que han debilitado la confianza en el proceso.
“Las denuncias de posible fraude, las actuaciones agresivas de la fiscalía y de las Fuerzas Armadas y la parálisis dentro del CNE ponen en riesgo el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La organización instó a las misiones internacionales de observación a monitorear de cerca la situación y a exigir a las autoridades condiciones mínimas de independencia y transparencia.
Investigaciones y tensiones internas
Desde 2019, la organización del proceso electoral en Honduras recae en dos entes: el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), encargado de resolver controversias, y el CNE, responsable de la administración de los comicios. Cada institución está integrada por tres miembros propietarios, seleccionados por acuerdo entre los partidos Nacional, Liberal y Libre.
Durante los últimos meses, las confrontaciones entre estos actores se han intensificado. El 29 de octubre, el fiscal general Johel Zelaya anunció una investigación contra la consejera del CNE Cossette López, del Partido Nacional, acusándola de intentar manipular resultados electorales mediante audios cuya autenticidad ella misma rechazó, asegurando que fueron alterados.
La presidenta Castro, por su parte, calificó esas grabaciones como parte de una “conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral”.
El conflicto escaló nuevamente el 10 de noviembre, cuando el Ministerio Público abrió otra investigación, esta vez contra dos magistrados del TJE, señalando que habrían emitido una resolución sin la presencia del pleno.
Simulacros fallidos y discrepancias con las Fuerzas Armadas
El clima de tensión también alcanzó las pruebas técnicas del sistema electoral. El 9 de noviembre, el CNE realizó un simulacro del sistema de transmisión de resultados preliminares.
El consejero Marlon Ochoa, representante del Partido Libre, afirmó que la prueba presentó fallas y que las irregularidades revelaban “una conspiración contra el proceso electoral orquestada desde el propio seno del órgano electoral”.
A este escenario se sumó un desacuerdo con las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor Conjunto solicitó al CNE una copia del acta de cierre de la elección presidencial el día de los comicios, petición que fue rechazada por la presidenta del Consejo, Ana Paola Hall, quien recordó que la Constitución limita a la institución castrense a la custodia y transporte del material electoral, pero no le faculta para revisar resultados.
El 20 de noviembre, las Fuerzas Armadas interpusieron una denuncia por difamación contra López ante el Ministerio Público, lo que amplió aún más la fricción entre actores clave del proceso.
Observadores internacionales expresan preocupación
HRW subrayó que la presencia de misiones de observación será fundamental para evitar un mayor deterioro de la confianza pública. La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó inquietud por “acciones y declaraciones, prácticamente diarias, que generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral”. El organismo alertó sobre una “excesiva intervención judicial” en las instituciones electorales.
La Unión Europea, que también mantiene una misión en el país, expresó preocupación el 18 de noviembre por decisiones que podrían afectar la independencia del aparato electoral. La UE insistió en que los partidos y autoridades deben asegurar que el CNE y el TJE puedan actuar con autonomía y transparencia.
