Natalie Roque dejó de ejercer funciones desde febrero de 2024, pero sigue recibiendo su salario como titular de la Secretaría de Derechos Humanos. Durante ese período, dos viceministros han ocupado el cargo de manera interina.
Así lo revela una revisión exhaustiva en el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi), donde consta que Roque permanece activa en la planilla de pago del personal contratado como ministra de Estado.
Su salario mensual fue de 93,400 lempiras hasta mayo de 2024, y desde junio del mismo año aumentó a 94,700 lempiras, sueldo que continuó percibiendo hasta al menos mayo de 2025, sin interrupciones. Este es el último mes actualizado en el sistema de transparencia.
Natalie Roque fue nombrada oficialmente el 27 de enero de 2022, bajo el acuerdo ACU-35-2022, y se retiró temporalmente el 20 de febrero de 2024, alegando problemas de salud tras ser diagnosticada con diabetes.
Según los registros revisados por este medio, Roque ha recibido durante estos 16 meses (de febrero de 2024 a mayo de 2025) más de 1.1 millones de lempiras en pagos netos.
Sumando deducciones y beneficios laborales, el monto bruto acumulado asciende a L1,745,300, incluyendo el pago del decimocuarto mes en junio de 2024 y el aguinaldo en diciembre de ese mismo año.
Durante la ausencia de Natalie Roque, la Secretaría fue dirigida primero por Angélica Álvarez, de febrero de 2024 a mayo de 2025, y posteriormente por Héctor Longino Becerra, ambos en calidad de ministros por ley. Aunque Roque sigue figurando como titular, la gestión ha sido asumida por otros funcionarios.
El caso ha generado cuestionamientos legales y éticos, ya que Natalie Roque lleva más de 480 días fuera del cargo sin ser oficialmente removida ni sustituida, como exige la ley.
Mientras otra persona ejerce sus funciones, se ha creado una duplicidad administrativa. Hasta ahora, Roque no ha ofrecido declaraciones ni ha presentado su renuncia.
Desde su salida en 2024, solo se informó que se retiraba “temporalmente” por razones médicas. Sin embargo, 16 meses después, su condición en el sistema financiero del Estado continúa siendo la de “Ministra de Estado activa”.
“Lo ético en este tipo de casos es que, si una persona, después de transcurrir un tiempo, considera que no está capacitada para ejercer el cargo, presente la renuncia o sea sustituida definitivamente de ese cargo”, manifestó la abogada Kenia Oliva cuando se denunció este caso en enero de 2025.
